México
Jornaleros logran afiliación al IMSS; salario sigue pendiente
Jornaleros del Valle de San Quintín y autoridades federales y de Baja California llegaron a 13 acuerdos para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas y poner fin al paro que iniciaron en marzo, aunque dejaron para el próximo mes la discusión del aumento salarial.
Entre los acuerdos alcanzados están la afiliación de los trabajadores agrícolas al IMSS, que no se les retendrá su salario bajo ninguna circunstancia, la creación de un fideicomiso para el desarrollo del Valle de San Quintín y el registro sindical de la alianza de los jornaleros.
Tras una reunión entre trabajadores, autoridades federales y estatales, que inició ayer y terminó esta mañana, Rafael Avante, subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dio a conocer los 13 acuerdos logrados con los jornaleros:
1. Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todos los trabajadores al IMSS. Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores.
2. No se retendrán los salarios ni se condicionará el pago a los trabajadores por ningún motivo o circunstancia. Los pagos se harán puntualmente en los lugares del trabajo.
3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.
4. Se garantizará el respeto a sus derechos laborales, contenidos en la Ley Federal del Trabajo, y a los derechos humanos particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familias. Para esto se harán inspecciones a los centros de trabajo.
5. Las empresas deberán cumplir con los requisitos para certificar que están libres de trabajo infantil.
6. Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona, formalizado en un plazo no mayor a 60 días.
7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios por su desplazamiento a los campos agrícolas.
8. Se otorgará el registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social.
9. Se garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores de la zona.
10. El gobernador de Baja California se reunirá con voceros de la alianza antes de que concluya el mes para tratar los problemas de San Quintín.
11. Sobre los jornaleros detenidos, las autoridades federales y locales procurarán mecanismos para que en su caso obtengan su libertad.
12. Las partes que suscriben estos acuerdos se comprometen a conducir sus acciones en un ambiente de respeto a ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia.
13. El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión, a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín. Los gobiernos estatal federal, así como los senadores, harán las gestiones necesarias para procurar que la propuesta sea lo más cercana a la de la alianza, que es de 200 pesos, y que sea retroactivo al mes de mayo. El gobierno federal podrá otorgar la diferencia entre ambas propuestas salariales.
Jornaleros del Valle de San Quintín se reunieron ayer en Ensenada con el representante de la Secretaría de Gobernación, David Garay; el gobernador de Baja California, Francisco Vega, y otras autoridades federales y estatales, para buscar acuerdos que pongan fin al paro que iniciaron los trabajadores agrícolas el 27 de marzo pasado, en demanda de un mejor salario y prestaciones.
Fuente: Milenio
México
FGR asegura que indagatoria contra Ernesto Ruffo tiene pruebas contundentes
La Fiscalía General de la República (FGR) ha declarado que la indagatoria en contra de Ernesto Ruffo Appel cuenta con “datos de prueba contundentes”. Entre estos se incluyen dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información que sugieren su participación activa en la conducción y toma de decisiones de la empresa Ingemar, donde se desempeñaba como accionista y secretario del Consejo de Administración.
La FGR, bajo la dirección de Ernestina Godoy Ramos, ha indicado que los trabajos realizados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) han permitido identificar una red de contrabando de combustible. Esta red utilizaba ferrotanques para llevar a cabo sus operaciones a través de Ingemar, una empresa vinculada a servicios portuarios y dragados. La FGR ha señalado que esta empresa mostró un comportamiento fiscal incongruente, registrando movimientos millonarios en cuentas nacionales que no se alinean con su perfil fiscal.
A pesar de que Ruffo ha recibido el beneficio de prisión domiciliaria, la FGR ha aclarado que el proceso penal en su contra sigue su curso ante la autoridad judicial competente. Esta autoridad será la encargada de determinar, con base en los datos de prueba presentados durante el proceso, las acciones legales que correspondan. La situación de Ruffo ha generado atención mediática, dada su relevancia en el ámbito político y empresarial, lo que añade un nivel de complejidad a la indagatoria en curso.
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