Conecta con nosotros

México

Jornaleros logran afiliación al IMSS; salario sigue pendiente

Jornaleros del Valle de San Quintín y autoridades federales y de Baja California llegaron a 13 acuerdos para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas y poner fin al paro que iniciaron en marzo, aunque dejaron para el próximo mes la discusión del aumento salarial.

Entre los acuerdos alcanzados están la afiliación de los trabajadores agrícolas al IMSS, que no se les retendrá su salario bajo ninguna circunstancia, la creación de un fideicomiso para el desarrollo del Valle de San Quintín y el registro sindical de la alianza de los jornaleros.

Tras una reunión entre trabajadores, autoridades federales y estatales, que inició ayer y terminó esta mañana, Rafael Avante, subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dio a conocer los 13 acuerdos logrados con los jornaleros:

1. Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todos los trabajadores al IMSS. Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores.

2. No se retendrán los salarios ni se condicionará el pago a los trabajadores por ningún motivo o circunstancia. Los pagos se harán puntualmente en los lugares del trabajo.

3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.

4. Se garantizará el respeto a sus derechos laborales, contenidos en la Ley Federal del Trabajo, y a los derechos humanos particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familias. Para esto se harán inspecciones a los centros de trabajo.

5. Las empresas deberán cumplir con los requisitos para certificar que están libres de trabajo infantil.

6. Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona, formalizado en un plazo no mayor a 60 días.

7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios por su desplazamiento a los campos agrícolas.

8. Se otorgará el registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social.

9. Se garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores de la zona.

10. El gobernador de Baja California se reunirá con voceros de la alianza antes de que concluya el mes para tratar los problemas de San Quintín.

11. Sobre los jornaleros detenidos, las autoridades federales y locales procurarán mecanismos para que en su caso obtengan su libertad.

12. Las partes que suscriben estos acuerdos se comprometen a conducir sus acciones en un ambiente de respeto a ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia.

13. El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión, a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín. Los gobiernos estatal federal, así como los senadores, harán las gestiones necesarias para procurar que la propuesta sea lo más cercana a la de la alianza, que es de 200 pesos, y que sea retroactivo al mes de mayo. El gobierno federal podrá otorgar la diferencia entre ambas propuestas salariales.

Jornaleros del Valle de San Quintín se reunieron ayer en Ensenada con el representante de la Secretaría de Gobernación, David Garay; el gobernador de Baja California, Francisco Vega, y otras autoridades federales y estatales, para buscar acuerdos que pongan fin al paro que iniciaron los trabajadores agrícolas el 27 de marzo pasado, en demanda de un mejor salario y prestaciones.

Fuente: Milenio

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto