El titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, David Garay, afirmó que el gobierno federal no será patrón sustituto en el pago del diferencial para alcanzar un salario de 200 pesos al día ofrecido dentro de los 13 acuerdos con los trabajadores de agrícolas del Valle de San Quintín.

Entrevistado en el espacio de Denise Maerker en Radio Fórmula, dijo que el esquema se está estudiando, es un concepto que se está tratando de desarrollar, aunque la idea es crear un fideicomiso.

«Es un punto de acuerdo», dijo.

Ante la pregunta insistente de por qué o bajo qué idea se ofrece un subsidio como solución a un conflicto laboral entre particulares, el funcionario de Segob insistió que se está buscando el mecanismo para ello.

«No se pretende, no es una pretensión decir que el gobierno va a tener que cubrir todo el diferencial que pudiera existir a 200. Podemos llegar a cierto tope».

HAY EXPLOTACIÓN EN 19 ESTADOS

La secretaria de la Comisión de Justicia y vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, aseguró que la problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país, entre los que destacan, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Aguilar Gil comentó que de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, la mayoría establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, pues 90 % no tiene un contrato formal de trabajo, y que aunque la Ley Federal del Trabajo establece jornadas de ocho horas al día, los jornaleros agrícolas laboran hasta 15.

De igual modo, más del 80 % no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias. «Los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales conflictos que los jornaleros sufren, alertó.

Por ello, a través de un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, la petista planteó solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California.

Expresó que la vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse entre 500 a 3 mil trabajadores.

El Siglo de Torreón