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Mueren 26 guerrilleros en un bombardeo a las FARC

Un nuevo incidente armado volvió a sacudir ayer el dificultoso proceso de paz en Colombia. La Fuerza Aérea colombiana bombardeó un campamento de las FARC en el departamento de Cauca, al suroeste del país, y mató a 26 combatientes. La respuesta de la organización guerrillera fue suspender el cese del fuego unilateral que había declarado en diciembre pasado.

«No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno de Juan Manuel Santos lo ha logrado», afirmó el movimiento rebelde en un comunicado publicado en Internet.

El blanco del bombardeo, realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, fue un campamento del «Frente 29» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cerca del municipio de Guapi, a 480 km al suroeste de Bogotá. Muchos lo ven como un acto de represalia por la emboscada que los guerrilleros realizaron el 15 de abril pasado en la misma zona, y que causó la muerte de 11 soldados colombianos.

En ese momento las FARC calificaron la emboscada como «defensiva», ante las continuas incursiones del Ejército. «Sea emboscada, contraemboscada, asalto; lo que tenemos que mirar es que hay unos colombianos muertos y es lo que hay que parar», había argumentado el líder guerrillero Félix Antonio Muñoz. Al día siguiente, Santos ordenó reanudar los bombardeos sistemáticos contra campamentos rebeldes, cuya consecuencia más grave ocurrió ayer.

El jefe guerrillero Pastor Alape, que integra el llamado secretariado o máxima línea de mando de las FARC y es uno de los negociadores en La Habana, sostuvo en Twitter que los guerrilleros «fueron asesinados bajo la profunda noche y en pleno sueño, con bombas de 250 kilos sin oportunidad de combatir; es un acto alevoso y degradante».

Según las FARC, el cese al fuego se suspende «luego de cinco meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país». De todos modos, los rebeldes afirmaron que mantendrán las conversaciones de paz. «Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación», dijeron en el comunicado.

A raíz de este nuevo incidente, ayer se suspendió a última hora una «reunión conjunta» en La Habana de las delegaciones del gobierno y las FARC, en la que se esperaba que informaran sobre el inicio del desminado acordado en marzo. Sin embargo, ambas delegaciones volverán a dialogar hoy, tal como estaba previsto.

El intento de frenar la escalada del conflicto por ambas partes sin alcanzar un cese al fuego definitivo no dio los frutos esperados. «La violencia afecta al proceso y no permite a las partes avanzar en la negociación; es una crisis muy seria», señala Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac).

Según el analista, es el momento de «acordar muy rápidamente un cese al fuego definitivo», y para ello sería útil «la presión internacional». Santos se niega a declarar una tregua para evitar un fortalecimiento de la guerrilla durante las conversaciones de paz.

«Desde el día que se iniciaron las negociaciones de La Habana he sido muy claro en que las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas contra la subversión no se detendrían, y no se detendrán», insistió ayer el mandatario. Santos, promotor de las conversaciones que se desarrollan desde noviembre de 2012 en Cuba para poner fin a más de 50 años de conflicto armado, hizo un llamado a «acelerar las negociaciones».

Hasta ahora las partes alcanzaron acuerdos parciales en reforma rural, participación política y drogas ilícitas, pero faltan por consensuar el tema de las víctimas, el desarme y el mecanismo para refrendar un eventual pacto final. El conflicto armado, en el que participaron tanto grupos guerrilleros como paramilitares, dejó al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados, según cifras oficiales.

Fuente: Clarín

Nota Principal

Congreso de EE.UU. deja al gobierno sin fondos ante bloqueo legislativo sobre Obamacare

El gobierno federal de Estados Unidos entró en paro oficial después de que el Congreso no lograra aprobar una medida de financiamiento que permitiera mantener sus operaciones, generando incertidumbre sobre la duración y el impacto de esta paralización.

El estancamiento entre republicanos y demócratas, centrado en los subsidios ampliados de Obamacare, se tradujo en el primer cierre gubernamental desde 2019. Ambas fuerzas políticas sostienen públicamente y en privado que no asumirán la responsabilidad del impasse. Los republicanos exigen que los demócratas simplemente aprueben una extensión del financiamiento por siete semanas, mientras que los demócratas se niegan sin obtener concesiones importantes a cambio de sus votos en el Senado.

Tras la votación del martes por la noche, los senadores abandonaron el Capitolio sin certezas sobre la duración del cierre. Se espera que el Senado vuelva a votar este miércoles sobre el mismo plan republicano, que sus líderes prometieron presentar una y otra vez hasta que suficientes demócratas cedan. Sin embargo, varios legisladores del partido opositor han declarado públicamente que no se rendirán, pese a que la administración Trump y su oficina presupuestaria han intensificado las amenazas de aprovechar el cierre para reducir el tamaño del gobierno, incluso de manera permanente.

Algunos senadores demócratas, como Catherine Cortez Masto y Angus King, modificaron su posición y apoyaron el plan republicano, mientras que otros, como John Fetterman, también se sumaron a la iniciativa y criticaron la estrategia de su partido. Los líderes demócratas trabajan para mantener unidos a sus miembros y evitar que ceda la presión republicana, especialmente ante el riesgo de que la administración afecte programas clave para su electorado.

Los subsidios mejorados, implementados originalmente como parte de un paquete de rescate ante la pandemia y ampliados posteriormente, han permitido que 24 millones de personas se inscriban a planes de salud para 2025. Su eventual desaparición provocaría un aumento promedio de 75% en las primas de 2026, según el grupo de investigación KFF.

El cierre afecta a cientos de miles de empleados federales, de los cuales alrededor de 750 mil podrían ser suspendidos temporalmente, lo que implica la suspensión de pagos diarios de unos 400 millones de dólares. Quienes realizan funciones esenciales deberán continuar trabajando, aunque recibirán su salario solo al término del impasse.

Los ciudadanos también sentirán los efectos: aunque servicios críticos, como atención a veteranos, Seguridad Social, Medicare y Medicaid continuarán, otras operaciones, incluidas algunas agencias federales y sitios turísticos, podrían interrumpirse. Los parques nacionales dependen de fondos estatales o de años anteriores, mientras que el Smithsonian y el Zoológico Nacional seguirán abiertos hasta al menos el 6 de octubre.

En este contexto, la confrontación entre republicanos y demócratas no solo pone en riesgo el funcionamiento del gobierno, sino que también amenaza la estabilidad económica y sanitaria de millones de estadounidenses.

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