Un nuevo incidente armado volvió a sacudir ayer el dificultoso proceso de paz en Colombia. La Fuerza Aérea colombiana bombardeó un campamento de las FARC en el departamento de Cauca, al suroeste del país, y mató a 26 combatientes. La respuesta de la organización guerrillera fue suspender el cese del fuego unilateral que había declarado en diciembre pasado.
«No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno de Juan Manuel Santos lo ha logrado», afirmó el movimiento rebelde en un comunicado publicado en Internet.
El blanco del bombardeo, realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, fue un campamento del «Frente 29» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cerca del municipio de Guapi, a 480 km al suroeste de Bogotá. Muchos lo ven como un acto de represalia por la emboscada que los guerrilleros realizaron el 15 de abril pasado en la misma zona, y que causó la muerte de 11 soldados colombianos.
En ese momento las FARC calificaron la emboscada como «defensiva», ante las continuas incursiones del Ejército. «Sea emboscada, contraemboscada, asalto; lo que tenemos que mirar es que hay unos colombianos muertos y es lo que hay que parar», había argumentado el líder guerrillero Félix Antonio Muñoz. Al día siguiente, Santos ordenó reanudar los bombardeos sistemáticos contra campamentos rebeldes, cuya consecuencia más grave ocurrió ayer.
El jefe guerrillero Pastor Alape, que integra el llamado secretariado o máxima línea de mando de las FARC y es uno de los negociadores en La Habana, sostuvo en Twitter que los guerrilleros «fueron asesinados bajo la profunda noche y en pleno sueño, con bombas de 250 kilos sin oportunidad de combatir; es un acto alevoso y degradante».
Según las FARC, el cese al fuego se suspende «luego de cinco meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país». De todos modos, los rebeldes afirmaron que mantendrán las conversaciones de paz. «Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación», dijeron en el comunicado.
A raíz de este nuevo incidente, ayer se suspendió a última hora una «reunión conjunta» en La Habana de las delegaciones del gobierno y las FARC, en la que se esperaba que informaran sobre el inicio del desminado acordado en marzo. Sin embargo, ambas delegaciones volverán a dialogar hoy, tal como estaba previsto.
El intento de frenar la escalada del conflicto por ambas partes sin alcanzar un cese al fuego definitivo no dio los frutos esperados. «La violencia afecta al proceso y no permite a las partes avanzar en la negociación; es una crisis muy seria», señala Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac).
Según el analista, es el momento de «acordar muy rápidamente un cese al fuego definitivo», y para ello sería útil «la presión internacional». Santos se niega a declarar una tregua para evitar un fortalecimiento de la guerrilla durante las conversaciones de paz.
«Desde el día que se iniciaron las negociaciones de La Habana he sido muy claro en que las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas contra la subversión no se detendrían, y no se detendrán», insistió ayer el mandatario. Santos, promotor de las conversaciones que se desarrollan desde noviembre de 2012 en Cuba para poner fin a más de 50 años de conflicto armado, hizo un llamado a «acelerar las negociaciones».
Hasta ahora las partes alcanzaron acuerdos parciales en reforma rural, participación política y drogas ilícitas, pero faltan por consensuar el tema de las víctimas, el desarme y el mecanismo para refrendar un eventual pacto final. El conflicto armado, en el que participaron tanto grupos guerrilleros como paramilitares, dejó al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados, según cifras oficiales.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.