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Política

PAN y PRD alistan intercambio

El Partido Acción Nacional (PAN) consideraría “absolutamente normal” y “políticamente correcto” hacer alianzas de facto con el de la Revolución Democrática (PRD) en candidaturas a gobernador, según declaró ayer el secretario general del comité nacional panista, José Isabel Trejo.

“Nosotros somos aliancistas con el presidente Gustavo Madero. Nosotros hemos pugnado siempre por tener alianzas con el PRD y con el PT (…) Yo soy partidario de, si hay condiciones, hacer alianzas de facto con tal de ganar las gubernaturas al PRI”, puntualizó en conferencia de prensa en el Distrito Federal el segundo hombre en el mando nacional del PAN, quien agregó que, bajo tales consideraciones, “se está analizando y revisando entre las dirigencias (de PAN y PRD) en dónde podría ir en este tipo de alianzas”.

Versiones extraoficiales recogidas en nota de CNN en español aseguran que hay negociaciones entre los dos partidos para que haya declinaciones de facto que les permitan enfrentar en mejores condiciones al PRI cuando menos en Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí. Las piezas sobre la mesa significarían un riesgo para Juan Manuel Carreras, pues el PRD buscaría que el PAN le apoyara en Guerrero, donde la candidata del sol azteca, Beatriz Mojica, va muy distante del panista Jorge Camacho (cuya postulación es casi simbólica) y en Michoacán, donde el perredista Silvano Aureoles está mejor posicionado que Luisa María Calderón Hinojosa, apodadaCocoa, frente al priísta José Encarnación Orihuela que ha ido cerrando con fuerza.

En ese intercambio de favores quedaría al PAN solamente la carta de Sonia Mendoza para negociar, pues en la entidad potosina el blanquiazul tiene oportunidades de triunfo de las que carece en Guerrero y Michoacán. Ayer mismo, por la mañana, en el noticiero radiofónico que conduce Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula de la Ciudad de México, la candidata panista a gobernadora hizo declaraciones indudablemente favorables al aspirante del PRD a gobernar la ciudad capital, Ricardo Gallardo, en lo que parecería inscribirse en esa lógica de búsqueda de alianzas. Si los arreglos implicaran el sacrificio “de facto” de Fernando Pérez Espinosa, conocido como Calolo, bien podría ser el beneficiario de todo el candidato perredista a suceder a Mario García Valdez.

Una solución así no atentaría contra los intereses de los participantes. Calolo ha tenido más exposición mediática y juego político de lo que le habría correspondido si hubiera continuado en el PRI al que presidió a nivel estatal. Y, de hecho, una de sus relaciones más especiales ha sido justamente con los Gallardo, específicamente en años recientes con el gobierno de Soledad de Graciano Sánchez, en materia de contratos e incluso de asesoría en relaciones públicas y actividades conexas.

Con artes de adivinación o porque las pláticas en las cúpulas nacionales ya llevaban largo trecho recorrido, Sonia Mendoza cometió incluso lo que Calolo quiso etiquetar como una especie de exabrupto de la matehualense, pues le habría pedido que declinara a su favor, en un tono altisonante que llevó a Pérez Espinosa a denunciar los hechos, en lo que pudo haber sido una vacuna oportuna o un encarecimiento de negociaciones. Y, aunque ayer mismo, por la noche, Mendoza quiso enmendar la plana y alegar malas interpretaciones de sus palabras, lo cierto es que el desmentido en tierras potosinas no derrumbó lo dicho por la mañana a la radio chilanga, en una especie de guiño político a Gallardo papá, por encima de Javier Azuara, el candidato a la presidencia municipal por el PAN que quedaría volando en este tianguis partidista.

El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, desestimó ayer mismo, en el plano nacional, las revelaciones del secretario general panista Trejo, con un estilo que ese grupo de Los chuchos suele usar en búsqueda de que no se les caigan algunas negociaciones en curso. “Se preparan los cierres de campaña”, argumentó, “sin que esté en nuestra agenda ningún acuerdo cruzado ni nada por el estilo” (lo que no implicaría que en esa “agenda” no pudiera aparecer luego algún acuerdo “cruzado” o sin cruzar), así que “los nueve candidatos del PRD a la gubernatura siguen firmes y seguirán firmes hasta el final”. Ayer mismo, Carlos Navarrete estuvo en tierras potosinas, y aunque declarativamente se mostró combativo contra los panistas, sobre todo por la “simulación mediática” del “atentado” en Soledad, lo cierto es que su estancia en SLP bien podría permitirle hacer los ajustes necesarios para los planes que se hubieran confeccionado en la capital del país con su contraparte panista.

Por último, ha de mencionarse que los perredistas vomitan contra Juan José Ruiz Hernández porque se sumó a Javier Azuara, diciéndole “vendido y servil” y haciéndolo corresponsable de pillerías de Victoria Labastida en el municipio capitalino (todo lo cual no le habían espetado cuando se mantenía en las filas del sol azteca) y también ha de consignarse que el tal “atentado” directo contra el candidato Velázquez en Soledad resultó otra magnificación irresponsable de la violencia, un tentar a los diablos que de por sí andan sueltos.

La Jornada

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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