Las delegaciones del gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sostienen en un ambiente tenso las conversaciones, instaladas en Cuba desde noviembre de 2012 para resolver el conflicto armado más antiguo de América Latina.

En una semana, unos 40 rebeldes, entre ellos un miembro del Estado Mayor Central de la guerrilla y un exdelegado de paz en La Habana, fueron abatidos en ataques militares lanzados en represalia por una emboscada en la que murieron once uniformados el mes pasado. Desde entonces, el presidente Santos, que había abogado por un «desescalamiento» de la violencia y suspendido los bombardeos, ha adoptado un tono decididamente marcial en medio de la «tempestad» que, según dijo, atraviesa el proceso de paz.

«No bajen la guardia», instó el mandatario al Ejército, luego de que las FARC levantaran la tregua unilteral que habían declarado en diciembre como muestra de su compromiso con los diálogos.

«No hay contradicciones en esa estrategia. Santos constata que si no sienten la presión militar las FARC van a seguir dilatando las negociaciones a su antojo», dijo a la AFP Vicente Torrijos, profesor de ciencias políticas de la Universidad del Rosario en Bogotá.

Los últimos enfrentamientos entre el Ejército y los rebeldes tuvieron lugar el pasado jueves en Arauca, una región rica en petróleo cerca de la frontera con Venezuela, que dejó tres bajas en cada bando.

Desde La Habana, los representantes de la guerrilla han relanzado su campaña en pos de un armisticio, una opción rechazada por el jefe de Estado antes de la firma de un acuerdo definitivo.

Una luz de esperanza apareció ayer con el anuncio de la puesta en marcha del «plan piloto» de desminado conjunto entre el gobierno y la guerrilla en Colombia, el país más afectado en el mundo por el flagelo de las minas antipersonales después de Afganistán (más de 2.000 muertos y 9.000 heridos desde 1990).

La crisis actual demuestra que las FARC «no tienen intención de romper el diálogo, sino de conseguir un cese el fuego bilateral a toda costa para tener más margen de maniobra en el terreno», explicó Torrijos.

Con cerca de 8.000 combatientes, desplegados esencialmente en las zonas rurales, los rebeldes obtuvieron en este enfrentamiento con el gobierno un apoyo de peso en el extranjero. Los países garantes de las conversaciones, Cuba y Noruega, que suelen tener un bajo perfil, hicieron estos días un llamado a que ambas partes «continúen sus esfuerzos» de paz con miras a «la adopción de un acuerdo para el cese el fuego bilateral definitivo».

A pocos días de un viaje de Santos a Bruselas, la Unión Europea (UE), anfitriona de la cumbre anual con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), también expresó su preocupación.

«Los planes de Santos para aparecer como un gran pacificador van a verse un poco trastornados», bromeó a la AFP un diplomático europeo en Bogotá. La UE, que creó a finales del año pasado un fondo especial para financiar el posconflicto colombiano, ahora requiere «medidas concretas para aliviar la situación en el terreno».

«La comunidad internacional, a la cual se refieren tanto el gobierno como las FARC, tiene un papel crucial en este momento de crisis», afirmó el historiador Carlos Medina, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.

«Tiene que hacer escuchar su voz para impedir que se retomen los instrumentos de la guerra», señaló el experto, para quien la oposición que hay en Colombia ante el proceso de paz, «llevó al gobierno a reanudar los bombardeos».

Los intentos anteriores de negociaciones con las FARC, el último hace más de 10 años, fracasaron después de acciones militares.

El conflicto armado colombiano, que en cinco décadas ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, ha dejado oficialmente a más de 220.000 muertos y unos seis millones de desplazados.

Plan de desminado.

El Gobierno y las FARC completaron entre el 20 y el 27 de mayo la primera fase del plan piloto de desminado, que se llevó a cabo en la vereda de El Orejón, en el municipio de Briceño (Antioquia), donde se identificaron cuatro áreas peligrosas que suman 12.000 metros cuadrados.

Esa primera fase corresponde al estudio no técnico del terreno, en el que se buscaron las zonas en las que había sembradas minas antipersona, artefactos explosivos y otras municiones sin explotar para proceder a su limpieza en una siguiente fase, según anunciaron ayer en La Habana representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz.

La labor se hizo de manera conjunta entre el batallón de desminado del Ejército de Colombia e integrantes de las FARC, entre los que estaba el negociador «Pastor Alape», uno de los miembros plenipotenciarios de la delegación de paz de la guerrilla.

Canciller se suma a diálogo.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, se incorporó ayer a las negociaciones en Cuba con las FARC, un gesto que según el grupo rebelde podría agilizar el proceso de paz, sumido en altibajos por un incremento del conflicto armado. Holguín y el empresario colombiano Gonzalo Restrepo aterrizaron el jueves al mediodía en La Habana para reforzar el equipo del Gobierno en las conversaciones con las FARC, en un nuevo esfuerzo por poner fin a más de medio siglo de guerra en el país.

«En este gesto y los refuerzos oficiales para la mesa, leemos un mayor compromiso del presidente con la búsqueda de entendimientos», dijo el guerrillero Iván Márquez, al leer un mensaje de Timoleón Jiménez, comandante de las FARC.

Fuente: El País