La principal institución de seguridad civil del país, la Policía Federal, opera sin que se conozca públicamente un manual que defina cuándo y cómo pueden usar la fuerza sus más de 40 mil agentes, incluidas armas letales, y sin que se haya transparentado la cifra de personas fallecidas en los enfrentamientos u operativos implementados por sus distintas divisiones.
A diferencia del Ejército y la Marina -las otras dos fuerzas federales que participan en operativos de combate al crimen y seguridad pública- la corporación dirigida por el comisionado Enrique Galindo no ha querido revelar los datos mencionados pese a que se han hecho distintas solicitudes de transparencia.
En el caso de las fuerzas armadas, estas trabajan con un manual de uso de la fuerza unificado que fue publicado en el 2014. Ahí se establece por ejemplo, que no se puede disparar a través de paredes o ventanas o a coches en movimiento.
Pero del lado de Policía Federal no hay disponible públicamente un manual de ese tipo. Lo único que se puede revisar son lineamientos generales de uso de la fuerza publicados en el 2012 por la ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, y en los que se establecía que debería de existir un manual que contuviera las reglas.
El pasado viernes 22 de mayo policías federales abatieron a 42 personas, en lo que es el enfrentamiento con el mayor saldo humano en la historia reciente de combate al crimen organizado.
De acuerdo con lo dicho por testigos y por los propios mandos, se disparó a los agresores escondidos en dos edificios incluso desde un helicóptero. Públicamente es imposible verificar si ese tipo de acción está permitida porque no se puede consultar documento alguno.
Hasta ahora más de cuatro mil civiles han muerto en los enfrentamientos con soldados y marinos, como han reconocido las secretarías de la Defensa y Marina. El total de abatidos por los uniformados de la Policía Federal es desconocido.
En una solicitud de transparencia un ciudadano pidió a la PF que se le facilitara una versión del manual de Uso de la Fuerza, pero la corporación dijo que tal documento era inexistente.
El Siglo de Durango