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Política

Proceso electoral costará 8 mmdp

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El 7 de junio se disputan cerca de dos mil 179 cargos públicos en todo México. Ese día más de 83 millones de votantes serán llamados a las urnas. Desde la tinta usada en las boletas electorales hasta una sala adecuada para los medios de comunicación, cada elemento es pagado por los ciudadanos. El proceso electoral 2014-2015 se calcula que tendrá un costo total de ocho mil millones de pesos. El Universal analizó las cifras de estas elecciones y estos fueron los resultados.

Más votos, más dinero

Este año el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de organizar las elecciones en México, entregó a los diez partidos políticos nacionales un total de cinco mil 199 millones 695 mil 918 pesos por financiamiento público. En caso de que el reparto fuera equitativo, cada fuerza política tendría en sus arcas un poco más de 520 millones de pesos, pero no es así.

Debido a que en el último proceso electoral (2012) el PRI consiguió la mayoría de votos, en este año fue el partido que recibió más recursos. La razón es que la normatividad vigente establece que los partidos políticos reciben financiamiento público acorde al número de votos que obtuvieron en los procesos electorales anteriores. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) determina mediante fórmulas la manera en la que va a distribuir los recursos cada año entre los 10 partidos políticos.

El costo de la elección

Elegir a quiénes cubrirán los dos mil 179 cargos públicos en disputa este próximo 7 de junio tendrá un costo de ocho mil 584 millones dos mil 228 pesos. Si consideramos que la lista nominal tiene, hasta abril de este año, 83 millones 563 mil 190 electores, entonces el sufragio de cada votante potencial tiene un costo de 103 pesos.

De cada mil pesos invertidos en el proceso electoral, 489 pesos se usan sólo para la elección. La capacitación y asistencia, difusión y seguimiento al proceso de elección, funcionamiento de los órganos permanentes y temporales, el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, entre otras, se llevan 50% de lo presupuestado.

El Pulso de San Luis

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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