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Chihuahua

Presenta Observatorio Ciudadano Reporte de Defensoría Pública de Chihuahua

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, A.C. presentó en días pasados el Reporte: “Defensoría Penal Pública en Chihuahua”, documento que describe el funcionamiento, organización y estructura del sistema de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Hacer un análisis comparativo con el sistema Federal y el resto de Latinoamérica con el fin de arrojar un diagnóstico del sistema actual y hacer las sugerencias pertinentes para el mejoramiento del servicio.

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, A.C. presentó en días pasados el Reporte: “Defensoría Penal Pública en Chihuahua”, documento que describe el funcionamiento, organización y estructura del sistema de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Hacer un análisis comparativo con el sistema Federal y el resto de Latinoamérica con el fin de arrojar un diagnóstico del sistema actual y hacer las sugerencias pertinentes para el mejoramiento del servicio.

A la presentación, que  se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, acudieron académicos, estudiantes, abogados litigantes, representantes de diversas organizaciones civiles, quienes conocieron algunos de los objetivos  del Reporte, entre los que destacan:

1. Diagnosticar la problemática operativa de la defensoría pública.

2. Detectar tendencias legislativas y reglamentarias a nivel federal.

3. Identificar el marco teórico (principios relacionados con la defensa pública).

4. Comparación de instrumentos internacionales, legislación nacional y local.

El Evento fue presidido por el Magistrado de la Sala Unitaria para Adolescentes Infractores del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Dr. Rogelio Guzmán Holguín; Juan Humberto García Javalera, Director del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, A.C.; Jesús Rodríguez Gándara, Fiscal de Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado; Enrique Carrete Solís, Director de la Facultad de Derecho y Yanko Durán Prieto, Directora del Instituto de Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

En su intervención el Mtro. Enrique Carrete, destacó los beneficios de las nuevas características de la Defensoría en Chihuahua y enfatizó en la importancia de que la población conozca el servicio que ofrece la institución  para la protección de sus derechos, y la aportación del Observatorio como una institución de la sociedad civil enfocada al análisis y propuestas de políticas públicas.

Por su parte Juan H. García destacó los aspectos fundamentales del reporte presentado e indicó que este documento evidenció diversas modificaciones orgánicas que ha tenido el servicio de Defensoría Pública en distintos puntos del país, para mejorar las condiciones en que se brinda. Precisó que algunos estados de la República como Aguascalientes, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro y Zacatecas han adoptado una estructura novedosa que se aparta de los modelos convencionales vistos en México (dependencia de las defensorías al Poder Ejecutivo oJudicial).

Chihuahua

César Duarte acusa a CONAGUA de destruir infraestructura hídrica histórica en su rancho

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanzó fuertes acusaciones contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a quien responsabilizó de haber destruido una represa centenaria y varios pozos en su rancho El Saucito, afectando —según él— tanto la actividad productiva como el suministro de agua potable a comunidades rurales de la zona.

Acompañado de su equipo legal, Duarte denunció públicamente lo que calificó como “mentiras y abusos” por parte del organismo federal, asegurando que la represa demolida contaba con un permiso de construcción expedido hace más de cien años, en favor de su bisabuelo y previo al Tratado de Aguas con Estados Unidos. Por lo tanto, argumentó, su uso no debería estar sujeto a las restricciones actuales del acuerdo binacional.

“El agua se estaba utilizando para retenerse y evitar la evaporación antes de que llegara al Río Conchos. Lejos de afectar a las comunidades, esto ayudaba a los productores locales”, sostuvo Duarte ante medios de comunicación.

Entre los daños reportados, destacó también la demolición de varios pozos, incluyendo uno que —afirma— abastecía de agua potable a pobladores cercanos y que, según documentación, había sido legalmente reconocido por la CONAGUA desde 2006.

Asimismo, subrayó que el sistema hídrico del rancho contaba con 67 bombas para distribuir agua destinada a las labores ganaderas de “familias vaqueras”, vitales para la economía rural de la región. A su juicio, las acciones del gobierno no solo carecen de sustento legal, sino que demuestran una actitud “destructiva” de las autoridades actuales.

“Estas autoridades nunca han producido nada en su vida. Solo saben destruir”, acusó el exmandatario estatal, quien también responsabilizó al gobierno federal y al estatal de haber emprendido actos arbitrarios que ponen en riesgo recursos esenciales para las comunidades del entorno.

Hasta el momento, ni la CONAGUA ni las autoridades estatales han emitido una postura oficial sobre los señalamientos de Duarte. La controversia se suma a una larga serie de tensiones en torno al uso y manejo del agua en el estado, especialmente en regiones donde el estrés hídrico y los conflictos por el recurso han ido en aumento.

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