El Senado estadounidense no logró un acuerdo para aprobar una reforma, tras un bloqueo impuesto por el senador Rand Paul.
“La Ley Patriota expirará esta noche”, había dicho Paul, que se postula a la presidencia, luego de horas de un infructuoso debate para aprobar una reforma que permitiera mantener vigentes importantes medidas de seguridad nacional.
La reforma, denominada “Freedom Act” (Ley de la Libertad), ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes, con republicanos y demócratas unidos en su deseo de controlar la recolección por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de datos telefónicos de millones de estadounidenses sin conexión alguna con el terrorismo.
La Casa Blanca denunció la actitud del Senado como “irresponsable”, pero agregó que apuesta a que los legisladores puedan rectificar su actitud esta semana.
“Llamanos al Senado a asegurar que este lapsus irresponsable sea lo más breve posible”, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca Joshua Earnest en un comunicado.
MANTENER LA SEGURIDAD
El jefe de la CIA, John Brennan, había advertido este domingo que permitir que expiren los programas de vigilancia incluidos en la Ley Patriota podría implicar un aumento de las amenazas terroristas. “Esto es algo que no nos podemos permitir en este momento”, dijo Brennan sobre la expiración de la normativa a la medianoche.
“Porque si miramos los horrendos ataques terroristas y la violencia que hoy tienen lugar en el mundo necesitamos mantener la seguridad en nuestro país, y nuestros océanos ya no nos mantienen seguros de la forma que lo hacían un siglo atrás”, señaló a la cadena CBS.
El presidente Barack Obama había instado el viernes al Senado a votar “rápidamente” la reforma del programa de recolección de datos de llamadas telefónicas de la NSA, y advirtió contra las consecuencias de no hacerlo.
“No quiero que (…) nos enfrentemos a una situación en la que habríamos podido impedir un ataque terrorista o arrestar a alguien peligroso y no lo hayamos hecho debido simplemente a una inacción del Senado”, dijo.
La Casa Blanca y la Cámara de Representantes estaban de acuerdo en aprobar una nueva ley que permita seguir recolectando datos telefónicos en Estados Unidos (horario, duración, número destinatario) pero a través de los operadores telefónicos y no de la NSA.
“A partir de esta noche los empleados de la NSA que consultaban la base de datos (sobre los llamados telefónicos) ya no podrán hacerlo, y ello gracias al senador Rand Paul”, dijo a la AFP en tono furioso, el senador Richard Burr, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara alta estadounidense.
La Casa Blanca ya había advertido esta semana que todos los servidores de la NSA que recolectaban metadatos de las comunicaciones telefónicas de los estadounidenses dejarían de funcionar a las 00:01 locales (04:00 GMT) si el Senado no prorrogaba su autorización.
Una fuente cercana a Mitch McConnell, el jefe de la mayoría en el Senado, indicó sin embargo que el análisis del texto bloqueado en la noche del domingo continuará en los próximos días y que habrá una votación final “el martes o el miércoles” .
En ese caso se reabriría una vía para restablecer la recolección legal de metadatos telefónicos por la NSA. Rand Paul, candidato a la investidura republicana para las elecciones presidenciales de 2016, se dijo satisfecho de que “el Patriot Act expire esta noche”.
De todas maneras, apareció muy aislado.
“Aprobaremos esta semana” el proyecto de ley que permite proseguir la recolección de datos, anunció el senador Ted Cruz (Texas), otros aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.