El Congreso de España ha rechazado una serie de medidas destinadas a abordar la crisis de vivienda en el país, lo que representa una derrota significativa para el gobierno de Pedro Sánchez y aumenta la presión sobre él para convocar elecciones anticipadas. Los legisladores votaron en contra de dos decretos presentados por el gobierno en respuesta a las protestas a nivel nacional que siguieron al desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, de su hogar.

Los decretos, que introducían una serie de iniciativas para proteger a los inquilinos en el mercado de alquiler, requerían aprobación parlamentaria para mantenerse en vigor. El primer decreto fue rechazado por 178 votos en contra y 172 a favor, mientras que el segundo recibió 184 votos en contra y 166 a favor.

Durante el debate, cientos de manifestantes se congregaron fuera del Congreso, expresando su descontento con gritos de “vergüenza” y “sus ganancias, nuestra miseria” tras el anuncio de los resultados. La derrota del gobierno subraya que Sánchez, del Partido Socialista, no cuenta con una mayoría en el Congreso, lo que ha intensificado las especulaciones sobre la posibilidad de que convoque elecciones generales anticipadas, que no estaban previstas hasta el próximo verano.

Fuentes de medios españoles informaron que el gobierno pasaría el fin de semana evaluando su próximo paso y considerando la disolución del parlamento. El gobierno de Sánchez ya se encontraba en medio de una serie de escándalos y casos judiciales que afectan a su partido y a sus aliados cercanos.

Maricarmen Abascal fue desalojada de su departamento tras no poder pagar un aumento de renta significativo impuesto por Urbagestión, la empresa propietaria de su vivienda en el centro de Madrid. Su desalojo provocó protestas masivas la semana pasada y desencadenó un movimiento más amplio en todo el país que exige alquileres asequibles, los cuales han aumentado considerablemente en los últimos años.

La respuesta social ha llevado a Urbagestión a negociar el regreso de Abascal a su departamento a un alquiler reducido. Sin embargo, las protestas continúan, con personas ocupando plazas en Madrid y otras ciudades, y marchas programadas para este fin de semana.

El Sindicato de Inquilinas, una asociación de activistas que ha coordinado las protestas, anunció durante el debate en el Congreso que abandonaría la protesta en tienda de campaña en el centro de Madrid, buscando llevar la lucha a todos los barrios y comunidades donde se producen aumentos de alquiler y desalojos.

El gobierno de coalición de izquierda respondió a la indignación social elaborando apresuradamente los dos decretos en un intento por desactivar las protestas. El primer decreto incluía la suspensión de desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, una extensión de dos años para los contratos de alquiler que expiran antes de 2028, aumentos de impuestos para apartamentos turísticos y restricciones a la compra de propiedades residenciales por parte de lo que el gobierno denomina “fondos buitre”.

El segundo decreto fue más controvertido, ya que incluía la renovación automática de contratos de alquiler, una demanda importante de muchos en la izquierda y del Sindicato de Inquilinas. Sin embargo, el Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox ya habían anunciado su oposición a ambas iniciativas, dejando al gobierno minoritario dependiendo del apoyo de partidos nacionalistas más pequeños en Cataluña y el País Vasco.

A pesar de los esfuerzos de Sánchez por apelar a la valentía y la coherencia de los legisladores, la falta de apoyo resultó en la derrota de las medidas propuestas, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del gobierno para abordar la crisis de vivienda en España.