El Tribunal Superior sudafricano ha extendido hasta mañana la prohibición de salir del país al presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusado de genocidio y otros crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI).
El juez Hans Fabricius decretó hoy esta medida en respuesta a una petición urgente del Centro para la Litigación de África Meridional (SALC), que quiere forzar la detención en Sudáfrica del mandatario reclamado por el Tribunal de La Haya.
La disposición, que obliga al Gobierno sudafricano a impedir su salida, estará vigente hasta que el tribunal determine si Al Bashir debe ser detenido.
El presidente sudanés llegó ayer a Johannesburgo para participar en la cumbre de la Unión Africana (UA) desafiando la orden de detención emitida por la CPI, ya que Sudáfrica es un país firmante de su tratado.
La decisión de la Justicia, que debía ser tomada hoy por Fabricius, fue aplazada hasta mañana, tras pedir la representante del Gobierno más tiempo para defender su posición.
La abogada del Estado sostiene que la decisión sobre el arresto corresponde al Ejecutivo, mientras que el SALC recuerda que Sudáfrica está obligada a detenerlo como firmante del tratado constitutivo del CPI.
La vista se reanudará mañana a las 11.00 hora local (9.00 GMT) en Pretoria.
La oposición y grupos pro derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) han exigido al Gobierno de Sudáfrica que cumpla con sus obligaciones internacionales y ponga a Al Bashir a disposición de La Haya.
El Ejecutivo ha mantenido silencio hasta ahora, pero el Congreso Nacional Africano (CNA), en el poder en Sudáfrica, ha recordado que el Gobierno aprobó este mes un decreto que garantiza impunidad a todos los mandatarios de la UA que participen en la cumbre.
La cumbre de jefes de Estado de la UA, con quienes Al Bashir se fotografió públicamente, empezó hoy en Johannesburgo y finalizará mañana con la adopción de la declaración final.
La UA ha mostrado repetidamente su hostilidad hacia la CPI, a la que se acusa desde el organismo panafricano de perseguir injustamente a mandatarios del continente, y ha amenazado con una salida en masa de los países africanos que forman parte del tribunal.
El presidente sudanés se niega a reconocer al Tribunal de La Haya, al que considera una herramienta colonial dirigida contra su país y los africanos.
La CPI acusa a Al Bashir de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cometidos en las zonas sudanesas de Darfur, Kordofán y el Nilo Azul.
El organismo pidió a las autoridades sudafricanas que detengan al presidente sudanés buscado desde 2009 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y desde 2010 por genocidio.
Los dos pedidos de captura están vinculados al conflicto de Darfur, región del oeste de Sudán donde se registran violencias desde 2003.
Más de 300 mil personas murieron en ese conflicto, según la ONU.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.