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COMENTARIOS DE PRENSA… POR LUIS OCHOA MINJARES

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El viernes 11 de junio de 1982, en histórica asamblea extraordinaria efectuada en su edificio social, hoy rentado al IMSS,  la Asociación de Periodistas de ciudad Juárez proclamaba por primera vez su Código de Ética Profesional, el primero en todo el territorio nacional.

Dos semanas después, el viernes 25 de junio de ese mismo año, el entonces candidato a la presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado, al exponer su política de renovación moral en relación con el periodismo dijo:

“Lo ideal es que el propio gremio de periodistas pueda tomar las acciones que considere necesarias para hacer su propia tarea de renovación moral, siendo deseable un código de ética profesional, con organismos de vigilancia y sanción que señalen el camino más aconsejable para hacer lo correcto”.

Los periodistas juarenses se habían adelantado a tan ingentes propósitos. Esta circunstancia, y la inquietud despertada por Roció Gallegos directora de El Diario de Juárez al comentar el tema, justifica  que desempolvemos dicho Código y recordemos a los entonces dirigentes de la APCJ:  Guillermo Terrazas Villanueva Presidente, Armando Escobar Ortega Vicepresidente  y Héctor Saenz, Secretario.

“PREAMBULO:

“La Libertad de Prensa y el derecho a la información constituyen la base de todas las libertades contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Estas libertades y derechos estarán mejor aseguradas si los periodistas profesionales que ejercen las diversas ramas de la comunicación social, se esfuerzan en forma permanente y voluntaria por la más alta responsabilidad profesional y si contraen un solemne compromiso moral de mantener vigente el principio de que, donde quiera que se halle un periodista digno, jamás se consolidará ni una injusticia, ni un acto de corrupción, ni una tiranía.

“El periodista profesional patentiza su devoción a Ciudad Juárez, al Estado de Chihuahua, a la nación mexicana y a las legítimas aspiraciones de libertad y de justicia de América y del Mundo.

“El periodista está obligado a ser honesto y para ello no podrá llevar una vida que desmerezca en el concepto de la opinión pública, no podrá ampararse en su condición profesional para especulaciones de carácter económico personalista ni podrá intimidar a particulares, instituciones públicas o privadas.

“El periodista profesional está comprometido al más profundo respeto y a la más enérgica defensa de su idioma, de la libre emisión del pensamiento, de la vida privada de los ciudadanos, del libre acceso a las fuentes de noticias, del uso de un lenguaje sencillo, culto y decente y finalmente, de las normas de moral vigentes en el medio social en el que actúa.

“Por lo tanto, a manera de decálogo de ética profesional del periodista y como guía para los trabajadores de la información que reúnen, transmite, difunden y comentan noticias e informaciones que relatan los acontecimientos diarios por medio de la imagen, la palabra escrita, oral o por cualquier otro medio de comunicación social, se proclama el siguiente:

CÓDIGO:

I.- El periodista profesional busca que lo respeten y siempre lo logra. El seudo periodista quiere que le teman, pero sólo consigue que lo repudien.

II.- El periodista profesional respeta y prestigia su profesión y la enaltece. El seudo periodista la degrada, no la entiende y se sirve de ella para fines personales.

III.- El periodista profesional es atento, comprensivo y solidario con los débiles y los humildes. El otro es déspota y altanero.

IV.- El periodista profesional es inflexible e insobornable con los poderosos y prevaricadores. El seudo periodista servil, medroso y lisonjero.

V.- El periodista profesional utiliza las fuentes de información para comprobar sus informaciones. El segundo para medrar y obtener logros inconfesables.

VI.- El periodista profesional lleva con prudencia y ejerce con equidad el poder que le confiere la Prensa. El seudo periodista se embriaga con ese poder y lo utiliza para cometer injusticias y arbitrariedades.

VII.- El periodista profesional informa, orienta, educa, despierta la capacidad de análisis y fomenta la crítica de sus lectores. El otro repite lo que le pagan y ordenan decir.

VIII.- El periodista profesional estudia en forma permanente, lee, investiga y se informa para informar. El otro abomina de la escuela, el estudio y la cultura.

IX.- El periodista profesional impulsa la capacitación profesional de sus colegas y apoya las escuelas de periodismos y ciencias de la comunicación. El segundo desprecia tales objetivos.

X.- El periodista profesional ocupa primera fila en la defensa de su idioma y la preservación de su nacionalidad. El seudo periodista es indiferente a estas preocupaciones”.

Hoy, después de tres décadas de proclamado este código de moral profesional del periodista, cabe preguntarnos: ¿tiene vigencia y validez, o requiere ser revisado y actualizado?  La respuesta queda en manos de las nuevas generaciones de periodistas universitarios.

Mientras tanto, flotan en el ambiente las palabras del ex presidente de La Madrid: “Sabemos  que en el periodismo también se registran fenómenos de inmoralidad y corrupción, muchas veces inducida o promovida por funcionarios del gobierno, así como la corrupción en el gobierno es, a veces, inducida por gente de la sociedad civil”.

Rocío Gallegos “le puso el cascabel al gato” con sus oportunos, atinados y saludables comentarios acerca de la corrupción imperante en algunos sectores del periodismo.  A nosotros corresponde, si no cortarle, por lo menos limarle las uñas al corrupto felino.

 

 

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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