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Política

El Sorianagate, Fraude al Voto

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En la tienda Soriana de avenida Zaragoza No. 1886, en la colonia Juan Escutia de la delegación Iztapalapa, Luis Antonio Fierro Jiménez argumenta así su decepción, como la de cientos de habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl, que fueron timados por los operadores del PRI: “El PRI estuvo regalando tarjetas Soriana con un valor de 1,000 a 1,200 pesos, pero en realidad traían 100 pesos. Te las daban a cambio de tu voto”. En esta tienda de supermercados, pertenecientes al empresario lagunero Ricardo Martín Bringas, se está documentando de manera palpable la estrategia de compra del voto que operó el PRI, sobre todo, en el Estado de México. La primera plana del periódico La Jornada documenta con una foto este 3 de julio cómo se realizan las compras de pánico en las tiendas Soriana, epicentro de un gran escándalo que puede llevar a una de las sanciones y multas más altas, si investigan los consejeros del Instituto Federal Electoral. El Sorianagate se fue configurando desde la última semana del proceso electoral. La dirigencia nacional del PRD presentó el 28 de junio 3 mil de un total de 1 millón 800 mil plásticos de este supermercado que fueron repartidos en los municipios del Estado de México con saldos de mil a mil 200 pesos. Tan sólo este gasto para la “promoción del voto” a favor de Enrique Peña Nieto significaría un mínimo de 1 mil 800 millones de pesos, es decir, 6 veces más que el rebase de topes de gastos de campaña que son 336 millones de pesos. El PRI y el gobierno priísta de Eruviel Ávila se deslindaron de inmediato, pero las pruebas sobre esta estrategia de cooptación del voto se han ido multiplicando en los últimos días. El descontento de los mismos sufragantes que ofrecieron sus credenciales de elector a cambio de un plástico con mil pesos se verá en los municipios mexiquenses. La otra prueba clara de este presunto desvío multimillonario del presupuesto mexiquense para la campaña de Enrique Peña Nieto está en los mismos contratos que el Estado de México destinó para las tiendas Soriana. Tan sólo entre agosto de 2009 y enero de 2011, la empresa ganó 6 contratos con la administración de Peña Nieto para proveer despensas, paquetes nutricionales y desayunos escolares por un monto total de 2 mil 966 millones de pesos, sin contar el IVA. De los 6 contratos, 5 fueron otorgados por el DIF estatal y el restante fue por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. Esta dependencia de la Secretaría del Desarrollo Social asignó un contrato por 1 mil 295 millones de pesos en diciembre de 2009, después de la elección federal de ese año. El gobierno de Eruviel Avila –quien tomó posesión en septiembre de 2011– también firmó dos contratos millonarios con Soriana, a través del mismo Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. El 13 de abril de 2012, en plena campaña electoral federal, se le asignó un primer contrato por 472 millones 866 mil pesos y luego otro por 123 millones 89 mil pesos para la entrega de canastas alimentarias (ver Proceso, No. 1861). Las autoridades mexiquenses han negado “categóricamente” que estas tarjetas Soriana hayan sido utilizadas “a favor de partido político alguno”, pero los testimonios que se están generando en las más de 36 establecimientos en los municipios conurbados indican que el PRI mexiquense tiró la casa por la ventana y engañó a miles de ciudadanos para obtener sus credenciales de elector. Las tarjetas más comunes se llaman Mi Ahorro, que ya está rebautizándose como Mi Voto. Los más abusados acapararon entre 30 y 40 tarjetas con 100, 200, 1,500 y hasta 2 mil pesos. El escándalo de las tarjetas de Soriana, junto con el de los fondos triangulados a través de Monex y las irregularidades en, al menos, 30 por ciento de las casillas del país le dan otro rostro a los comicios del 1 de julio. Aunque la histeria de los comentaristas de televisión y de los columnistas que forman parte de la nómina de Peña Nieto (a ellos no les reparten tarjetas Soriana con 1 mil pesos sino muchos otros privilegios) insistan en que impugnar estas suciedades va en contra de la “normalidad democrática”, lo cierto es que el reino feliz de la telecracia peñista se enfrentará a éste y otros escándalos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX 

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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