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México

Migrantes son agredidos en México, pese a Programa Frontera Sur: Diputada

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En México los migrantes continúan siendo objeto de agresiones, pese a la entrada en vigor del Programa Frontera Sur, presentado por el Ejecutivo en julio del 2014; las acciones contra ellos se han endurecido al igual que para sus defensores, señaló la diputada Yesenia Nolasco Ramírez (PRD).

La legisladora por el Distrito Federal dijo que dicho programa de gobierno anunciaba la protección al migrante, así como el reordenamiento de fronteras; sin embargo, siguen registrándose acontecimientos que trastocan sus derechos humanos.

Ante ello, la diputada Nolasco Ramírez impulsa un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para que a través del Instituto Nacional de Migración (INM), haga públicos los alcances y resultados del denominado Programa Frontera Sur, a casi un año de operación.

Asimismo, insta a las mismas autoridades para que por conducto del INM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se garantice y supervise, de manera precisa, la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por los estados y el Distrito Federal.

Nolasco Ramírez indicó que en los últimos seis meses, se reportan más de 92 mil indocumentados detenidos en los pasos de la frontera de nuestro país, lo que representa una cifra superior a la que posee Estados Unidos.

Estimó que de acuerdo con información del gobierno federal, anualmente ingresan de manera irregular por la frontera sur de México, alrededor de 171 mil migrantes, principalmente por Chiapas.

El documento señala que, según declaraciones del director de la oficina de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz, calificó el programa como parte de una política migratoria que carece de perspectiva de derechos humanos.

En tanto, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), reportó que entre octubre del 2014 y abril del 2015, detuvo a 70 mil 448 migrantes no mexicanos, por lo que la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidieron al gobierno de México aumente medidas para proteger a los migrantes, principalmente a las niñas y niños.

Nolasco Ramírez informó que en su preocupación por la problemática, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a aplicar los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio; investigar de oficio los hechos; sancionar a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos, y reparar a las víctimas de estas violaciones.

Fuente: XEU

México

México y Estados Unidos pactan entregas de agua del río Bravo bajo tratado de 1944

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México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo técnico para la gestión y entrega de agua en la cuenca del río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por una sequía extrema que ha presionado a comunidades, productores agrícolas y ecosistemas a ambos lados de la frontera.

El entendimiento es resultado de meses de negociaciones técnicas y políticas, y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del tratado, al tiempo que se protege el derecho humano al agua y a la alimentación. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua, confirmaron el compromiso de México para realizar entregas mínimas anuales conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos establecidos en el acuerdo binacional.

Como parte del nuevo esquema, México se comprometió a entregar al menos 350 mil acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el próximo ciclo de cinco años. Este volumen permitirá avanzar en el cumplimiento del tratado mientras se implementa un plan para saldar la deuda acumulada del periodo quinquenal anterior y evitar nuevos déficits hídricos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo fue construido en coordinación con los gobernadores de los estados del norte del país, con el fin de diseñar un esquema de afectación mínima que permita cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer el abasto interno. Entre las entidades involucradas se encuentran Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, regiones que dependen en gran medida del río Bravo para el consumo humano y las actividades productivas.

El plan técnico acordado contempla una gestión más ordenada del recurso, reuniones mensuales de seguimiento y acciones de planeación de largo plazo que incluyen infraestructura, adaptación al cambio climático y una distribución más previsible del agua. Autoridades mexicanas subrayaron que el Tratado de 1944 continúa siendo un instrumento clave para salvaguardar los intereses nacionales y la estabilidad agrícola.

Desde Estados Unidos, funcionarios señalaron que el acuerdo fortalece la seguridad hídrica del sur de Texas y beneficia a agricultores y ganaderos del Valle del Bajo Río Grande, en una región afectada por la caída histórica de los niveles del río, la sobreexplotación y la contaminación del afluente.

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