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México

Pemex pide a Congreso endurecer penas por robo de combustible

Autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitaron al Congreso de la Unión una nueva legislación para endurecer las penas que castigan actualmente la “ordeña” de ductos y la extracción ilegal de combustibles.

En sesión de trabajo con integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente, los directores corporativo de Finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard Álvarez; operativo, Gustavo Hernández García, y Jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez, presentaron el Informe Anual 2014 y del primer trimestre de 2015 de la empresa.

El director Jurídico, Marco Antonio de la Peña, precisó a diputados y senadores que no habrá despidos masivos, a pesar de la situación económica en la que se encuentra la compañía petrolera.

“No hay despidos masivos, por el contrario, nuestro director general lo que ha dicho en todos los foros es que lo más importante para Pemex es el talento y la experiencia de sus petroleros”.

Sobre la ordeña de ductos, indicó que en los últimos cuatro años se detectaron siete mil 270 tomas clandestinas, que derivaron en la presentación de cinco mil 90 denuncia; dos mil 600 de ellas en los tres primeros meses de este año.

Dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) implementó entre 2014 y lo que va de 2015, aproximadamente 51 operativos, que derivaron en la detención de 30 presuntos delincuentes.

También la recuperación de 1.1 millones de litros de combustibles, equivalentes a 84.5 millones de pesos y el aseguramiento de 35 inmuebles y 165 autotanques.

Subrayó que si el Poder Legislativo trabaja y aprueba una segunda generación de reformas, se tendrá un marco jurídico idóneo para atacar esa modalidad de crimen organizado.

“Hay pendientes de fijar, algunos puntos como son, por ejemplo, la creación de nuevos tipos penales para el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilícita de combustibles, en virtud de que el crimen organizado ahora ha utilizado las estaciones de servicio como mecanismos para distribuir combustible robado”, precisó.

El incremento de penas y de sanciones económicas, en relación con el ilícito y el volumen robado; la previsión como un delito grave y de delincuencia organizada, así como la sanción a sujetos activos que comercialicen hidrocarburos sin marcadores y especificaciones.

El director Jurídico de Pemex enumeró que otro cambio sustancial que requiere la legislación actual es castigar también a las personas morales que participan en la ordeña de ductos y el robo de combustibles.

“La sanción a personas morales involucradas en el mercado ilícito de combustibles, de tal manera que se les pueda suspender o inclusive cancelar sus contratos, sus permisos, sus franquicias, o inclusive como algo novedoso en el derecho penal mexicano, que ya se prevé en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el poder disolver la sociedad correspondiente”.

Asimismo, abundó, la sanción al titular de una asignación o un contrato, que no informe o altere la información del producto producido.

Recordó que de 2006 a la fecha se han presentado 16 mil 938 denuncias, que permitieron procesar penalmente a mil 982 presuntos delincuentes, de los cuales 614 fueron condenados y 500 absueltos.

México

Apagones podrían costarle a México 200 millones de dólares por hora, advierte industria maquiladora

México enfrenta una amenaza energética que podría traducirse en pérdidas millonarias por hora. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), una hora sin electricidad en el país podría representar hasta 200 millones de dólares en pérdidas económicas, encendiendo las alarmas en sectores clave de la economía nacional.

La advertencia llega en medio de crecientes preocupaciones por la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Especialistas del sector señalan que el Margen de Reserva Operativo (MRO), es decir, el porcentaje de capacidad adicional disponible para responder a picos de demanda, podría caer por debajo del 3% durante las horas críticas entre las 8:00 y 10:00 de la noche. Este umbral es considerado de alto riesgo, ya que pone en juego la capacidad del sistema para mantenerse estable ante cualquier eventualidad.

“La falta de electricidad interrumpe cadenas de suministro, frena líneas de producción y debilita la competitividad nacional”, señala el comunicado de Index. Además de afectar a la industria manufacturera y de exportación, el impacto alcanza a sectores esenciales como salud, telecomunicaciones, logística y alimentación.

Los riesgos se agravan en el contexto del cambio climático. La reciente ola de calor que golpeó al país entre el 14 y el 21 de mayo deterioró significativamente las reservas eléctricas, provocando cortes programados en distintas regiones. Expertos como el consultor energético Cadena advierten que “el riesgo es real y creciente”, y que el sistema eléctrico se encuentra bajo una presión sin precedentes.

En Nuevo León, la situación ya es crítica. La Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) y el Clúster Energético del estado alertaron que, de no incrementarse la capacidad de generación y transmisión eléctrica en los próximos seis meses, podrían registrarse apagones sistemáticos. Esta advertencia cobra relevancia si se considera que tan solo el pasado 4 de marzo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibió 141,618 reportes por interrupciones en el servicio en ese estado.

Pero el problema no es exclusivo de la industria. En el plano doméstico, la ausencia de electricidad implica vivir sin refrigeración, agua caliente, internet o iluminación, afectando directamente la calidad de vida de millones de mexicanos. La dimensión del problema trasciende el ámbito económico y se convierte en una amenaza para la estabilidad social del país.

El verdadero desafío, advierten expertos, está en no solo responder al aumento en la demanda energética, sino hacerlo mediante soluciones sostenibles, eficientes y confiables. Frente a un futuro marcado por temperaturas extremas y fenómenos climáticos más severos, urge acelerar la transición hacia fuentes de energía alternativas y reforzar la infraestructura eléctrica nacional.

La advertencia del sector industrial es clara: sin acción inmediata y decidida, el país podría pagar un precio demasiado alto.

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