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México

MVS gana batalla legal a Carmen Aristegui

Un tribunal colegiado federal desechó la demanda de amparo que promovió Carmen Aristegui contra la empresa MVS, lo que pone fin a este juicio iniciado tras el despido de la periodista en marzo pasado, y tira la posibilidad de su reintegración a la compañía por la vía judicial.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal aprobó este martes el recurso de queja promovido por MVS contra la decisión de un juez de distrito de admitir el juicio de amparo, de acuerdo con lo publicado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En mayo el juez octavo de Distrito, Fernando Silva García, admitió el juicio en el que señalaba como una autoridad a MVS por utilizar el espectro público.

El proyecto, aprobado por unanimidad, fue realizado por el magistrado Pablo Domínguez Peregrina. La resolución es definitiva, pues los recursos de los tribunales son inimpugnables.

“Con esta resolución se pone fin a la batalla judicial que en defensa de la libertad de expresión inició la periodista en marzo pasado”, dijo en un comunicado el equipo de Carmen Aristegui.

«Quedan sin resolver cuestiones fundamentales que ya no podrán ser estudiadas por ninguna autoridad, tales como la independencia periodística, la libertad de información y el respeto a la diversidad de opiniones», agregó.

En tanto que MVS dijo a CNNExpansión que no hará comentarios por el momento.

El argumento del equipo de abogados de Carmen Aristegui para lograr el amparo era que MVS era una autoridad responsable al ser concesionaria de un bien público, lo cual fue admitido en su momento por el juez Silva García al señalar que los hechos se daban bajo un “contexto de derecho público”.

Durante el proceso la compañía pidió retirar del caso al juez, sin embargo su petición fue rechazada e incluso fue multada al considerar que actuó de mala fe al señalar que el juez era parcial porque supuestamente su padre era amigo de Javier Quijano, abogado de Aristegui.

El juicio también incluyó reuniones entre las partes, ordenadas por el juez de Distrito, en las que no lograron algún acuerdo.

Luego de la resolución quedan pendientes en los juzgados especializados en materia de telecomunicaciones los amparos promovidos por ciudadanos en los que exigen la reinstalación de Aristegui en la empresa.

También la demanda mercantil por incumplimiento de contrato que presentó en marzo pasado MVS ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil.

El domingo 15 de marzo MVS informó que terminaba la relación laboral con Carmen Aristegui luego de que la periodista lanzara un ultimátum pidiendo la reinstalación de dos miembros de su equipo (Daniel Lizárraga e Irving Huerta), despedidos por utilizar la marca de la compañía sin consentimiento de ésta en el proyecto MexicoLeaks

CNN Expansión

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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