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La Justicia de Brasil ordenó por primera vez investigar a Lula

En lo que se perfila como la más atroz guerra de denuncias entre sectores del oficialismo, de la oposición y entre antiguos amigos y actuales adversarios, este jueves fue arrojada una nueva bomba. El Ministerio Público de Brasilia abrió una investigación formal para determinar si el ex presidente Lula da Silva incurrió en el delito de “tráfico de influencia” en relación al grupo económico brasileño Odebrecht.

Según las sospechas levantadas por los fiscales, Lula habría intercedido para que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) financiara obras de la empresa en el exterior. Las averiguaciones se refieren a hechos que ocurrieron bastante después que el ex presidente dejara el poder. Se trata de un viaje realizado por él en 2013 a Cuba, República Dominicana y Estados Unidos, que fue financiado por la constructora. Oficialmente esa gira no tuvo ninguna relación con actividades de la firma en el exterior.

Al tiempo que se divulgaba la decisión de la fiscalía sobre Lula, trascendía un documento, en manos del diario carioca O Globo, que obtuvo el texto completo de la delación de uno de los testigos en el caso conocido como Lava Jato, que reveló un amplio esquema de coimas en la petrolera estatal brasileña Petrobras. Según ese dossier, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, “pidió” coimas por 5 millones de dólares para él. Quién hizo la afirmación fue el empresario Julio Camargo, consultor de las firmas Camargo Correa y Toyo Setal. En declaraciones a la justicia, el hombre aclaró que el titular de la Cámara Baja le había pedido “personalmente” ese dinero a cambio de “facilitar” a las firmas Toyo y Camargo un contrato de Petrobras por la adquisición de navíos sonda utilizados en alta mar.

Consultado por Globo, Cunha acusó al testigo de “mentiroso” y dijo que “está claro que fue presionado a realizar esa denuncia. Ahora tiene que probar que es verdad”.

Como ya es público y notorio en Brasil, el líder de Diputados tiene una pésima relación con el gobierno de Dilma Rousseff, aun cuando pertenezca al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (el PMDB) parte de la alianza oficialista. A esa agrupación pertenece también el vice de Dilma. Este diputado, que asumió la conducción de la Cámara al acumular fuerzas entre legisladores del “piso inferior” (como ellos mismos llaman a las bases parlamentarias), es uno de los pilares en grupos de políticos donde se mezclan presuntos oficialistas con dirigentes de la oposición, todos ellos movidos por la intención de derribar a la presidenta por la vía del juicio político.

En relación a la iniciativa del ministerio público contra Lula, los fiscales afirman querer determinar si el líder del Partido de los Trabajadores tuvo algo que ver con un crédito del BNDES recibido por la constructora Odebrecht, por un valor de 1.600 millones de dólares, pocos días después que el grupo financiara un viaje del ex presidente a las Naciones Unidas donde estuvo reunido con el presidente de Ghana y con el de República Dominicana.

Ayer, voceros del Instituto Lula revelaron su sorpresa ante la apertura de las investigaciones, solicitada por la fiscal Mirella de Carvalho Aguiar. Según la entidad, ellos le habían entregado a la fiscalía “un extenso y detallado informe” de las actividades de Lula durante esa gira. Desde hace casi un mes, el Ceo de Odebrecht está preso en dependencias de la policía federal, por denuncias de que la empresa habría formado un “club” donde grandes grupos brasileños se “dividían” las grandes licitaciones de Petrobras a cambio de pagar coimas con destino, especialmente, a partidos políticos y parlamentarios.

Los fiscales se ocuparon de aclarar que iniciar las averiguaciones, ante sospecha de delitos, no implica concretar una denuncia contra el ex presidente en la justicia federal, algo que va a depender de las informaciones que obtengan durante el procedimiento. Lo cierto es que los sabuesos introdujeron un componente explosivo en la ya complicada vida institucional de Brasil.

El Clarín

Nota Principal

Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.

Una emergencia nacional para deportaciones masivas

Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».

Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».

El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.

Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes.  A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.

Cuartoscuro
Migrantes Créditos: Cuartoscuro

Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva

La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.

En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.

Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.

Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.

Cuartoscuro
Migrantes Créditos: Cuartoscuro

Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.

«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

Cuartos
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas Créditos: Cuartos

En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.

Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.

«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.

Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.

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