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México

Resolverá Corte ley antibronco en Chihuahua

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Las leyes electorales de Chihuahua y Veracruz que establecen candados para registrar candidatos independientes en los próximos comicios locales fueron impugnadas mediante dos acciones de inconstitucionalidad que el partido Movimiento Ciudadano presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ambas impugnaciones fueron admitidas a trámite por el máximo tribunal, por lo que en un primer acuerdo de la Sección de Controversias de la Corte solicitó a los congresos de Veracruz y Chihuahua que entreguen copia de los decretos combatidos por Movimiento Ciudadano, partido que apoyó la candidatura independiente del gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

En su recurso de inconformidad, Movimiento Ciudadano considera excesivos los candados que se impusieron a las candidaturas independientes, principalmente el artículo que en Chihuahua obliga a un aspirante ciudadano a no tener militancia en ningún partido político por un periodo de hasta tres años previos a los comicios que se van a celebrar el próximo año.

Además, también se prohíbe que puedan postularse como candidatos independientes aquellas personas o ciudadanos que se hayan postulado por un partido político en anteriores comicios locales, restricción que se aplicaría para la gubernatura y para las presidencias municipales.

La reforma electoral aprobada en Chihuahua el pasado 29 de junio también prevé incrementar el número de diputados locales de 33 a 36, por lo que también existe inconformidad del Partido Acción Nacional (PAN) que en los próximos días podría presentar su propia acción de inconstitucionalidad.

En el caso de la legislación veracruzana, se impugna la exigencia de que los candidatos ciudadanos gocen de “buena fama pública”, requisito que además de no estar previsto en la Carta Magna, queda a criterio de los consejeros del organismo electoral estatal.

Con la impugnación a las leyes electorales de Veracruz y Chihuahua, ya son cuatro entidades en las que se cuestionan las llamadas leyes antibronco por las restricciones a candidaturas independientes.

El representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que en Veracruz también se pretende que el Congreso local designe al Secretario Ejecutivo del organismo electoral estatal, lo que contraviene la reforma electoral aprobada por el Congreso y, por lo tanto, transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Previamente, se habían promovido seis acciones de inconstitucionalidad en contra de los códigos electorales de Baja California y Tamaulipas por parte del PAN, Morena y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En Baja California, uno de los candados que se les imponen a los candidatos independientes es que sólo se les otorgaría el registro si consiguen 2% de las personas inscritas en el padrón electoral del estado, es decir, se les exige contar con el mismo porcentaje del padrón nominal que se les pide a los partidos para no perder su registro.

En Tamaulipas, la reforma electoral impuso a los aspirantes a una candidatura independiente el requisito de juntar firmas de hasta 3% de los electores registrados en el padrón nominal, cifra que es incluso más alta de lo que se exige a nivel federal para los aspirantes sin partido político.

Con una votación superior a 50% de los votos emitidos, Rodríguez Calderón, El Bronco, se convirtió en el primer candidato independiente que triunfa en unas elecciones para gobernador, superando a sus rivales del PRI, PAN, PRD y Morena en los comicios del pasado mes de junio.

Una vez que las acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas a trámite por la Suprema Corte, ambos recursos legales serán turnados a un ministro que revisará si cumple con todos los requisitos para ser procedente.

En caso de que se confirme la procedencia, el propio ministro ponente deberá analizar el fondo del asunto y elaborar un proyecto de resolución que debe ser votado en el pleno.

El Universal

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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