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México

Funcionarios y diputados, en nómina de IEEPO

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Diputados locales, un ex subprocurador de Justicia, ex funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), del transporte y presidentes municipales, cobraron en la nómina magisterial de la entidad por arriba de 916 mil pesos, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la búsqueda en el portal de pagos al magisterio correspondiente al primer trimestre de 2015, se pudo localizar a 10 actores políticos que además de sus salarios en cargos de la administración pública o de elección popular, recibieron el pago de las plazas que tienen como maestros, en contra de lo que establece la reforma educativa.

La Ley del Servicio Profesional Docente —vigente desde finales de 2013— establece en el Artículo 78 que las personas que acepten un puesto público o una comisión que impida el ejercicio de su función magisterial, “deberán separarse del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.

En la revisión al portal con el que la SEP y los gobiernos estatales dan cumplimiento al artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se encontró un listado de maestros que, a pesar de desempeñarse en otros encargos públicos, recibieron recursos de forma improcedente dentro de la nómina magisterial. La suma total en salarios fue de 916 mil 589.48 pesos.

Las cifras del gobierno de Oaxaca estiman en 18 mil millones de pesos el costo de la nómina de poco más de 83 mil trabajadores que atienden a más de un millón de alumnos de la educación básica.

Un presidente municipal en esa entidad puede ganar hasta 50 mil pesos mensuales.

Privilegios. En la base de datos de la nómina magisterial destacan los casos de los presidentes municipales, todos ellos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de San Pablo y San Pedro Teposcocula, de San Marcos Arteaga, San Juan Coatzospam y San José Tenago. En tres de esos casos recibieron salarios de 40 mil pesos en promedio al trimestre y, sólo en uno de ellos, el ingreso para el presidente municipal fue de más de 112 mil pesos.

Se trata de Rafael Pereda Pereda, quien en el primer trimestre del año recibió 25 pagos correspondientes a las tres plazas que tiene adjudicadas en la educación básica y que sumaron 112 mil 588.33 pesos; además de lo que percibió como presidente municipal de San José Tenango.

En el caso de los presidentes municipales se encontró que todos ellos tenían una sola plaza. Felipe de Jesús Morales Lara, presidente municipal de San Pablo y San Pedro Teposcocula, percibió 81 mil 428 pesos; mientras que Marcos Antonio Rojas Loyola, munícipe de San Marcos Arteaga, con una plaza de personal de apoyo recibió 39 mil 618 pesos.

Alejandro Morales Pacheco, alcalde de San Juan Coatzospam, obtuvo ingresos por 41 mil 697.74 pesos en el primer trimestre del año.

Dentro del listado también está el síndico primero de la capital oaxaqueña, Leyessef Carrera Carrazco —vinculado al Partido Verde Ecologista de México—, quien con una plaza recibió nueve pagos por 40 mil 341.34 pesos, además de lo obtenido por su tarea como servidor público.

La nómina ubicó en esa decena de políticos a María Luisa Matus Fuentes, como la persona que mayores ingresos recibió en esta lista, con una suma de 175 mil 980.99 pesos en el primer trimestre del año; significa que sus ingresos promedio al mes fueron de 58 mil 600 pesos, a los que se adicionó su salario de más de 42 mil pesos por su tarea como diputada local del PRI en el distrito de Juchitán.

La legisladora cuenta en su trayectoria haber sido secretaria de organización de su partido y presidenta municipal de San Francisco Ixhuatlán, ligada al grupo del diputado federal priísta Samuel Gurrión, a quien se le señala como candidato a la gubernatura para el próximo año.

Matus Fuentes también se ha desempeñado como funcionaria en la Coordinación de Educación Básica y Normal del IEEPO entre el año 2009 y 2010.

Víctor Manuel Bautista Hernández, quien en ese periodo percibió cerca de 106 mil pesos, fungía como director de Educación en el municipio de Oaxaca mientras estaba registrado en la nómina magisterial; y, entre otras funciones, estuvo en la Coordinación de Personal y Relaciones Laborales del mismo IEEPO.

En la revisión que la SEP y el gobierno local hicieron a la nómina del año pasado se ubicó a Bautista Hernández dentro de las personas que cobraban con registro federal de contribuyentes erróneo, por lo que se corrigió esa situación y continuó percibiendo su salario de manera regular.

Isidro Inocente Joel, quien públicamente se ha descrito como “un aliado de la sección 22”, obtuvo 137 mil 108.36 pesos por una plaza en la educación básica, fue candidato por el PAN a una diputación federal y en otro momento ha sido diputado local.

Mientras Wilfrido Lulio Almaráz Santibáñez, se ha desempeñado como jefe del departamento de la Procuraduria para la Defensa del Indígena y llegó a ser subprocurador de Justicia de la entidad, recibió en el primer trimestre 111 mil 879.58 pesos.

El licenciado en Derecho forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.

En tanto que Margarita Liborio Arrazola obtuvo 69 mil 979.73 pesos por una plaza y ella se desempeñaba como líder del Movimiento Territorial por el PRI. En su trayectoria destaca haber sido diputada federal y local, secretaria general por el tricolor en la entidad y secretaria de organización de la Confederación Nacional Campesina.

Tomado de El Universal

Chihuahua

Sheinbaum señala a Chihuahua por operativo con EU sin aval federal

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Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de Chihuahua incurrió en una falta al solicitar la colaboración de autoridades de Estados Unidos en un operativo antidrogas sin la autorización del Ejecutivo federal, en el que murieron dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que su administración no busca generar un conflicto con el Gobierno estadounidense, pero insistió en que cualquier cooperación en materia de seguridad debe apegarse a la Constitución y a las leyes mexicanas. Indicó que el objetivo es garantizar que se cumplan los acuerdos establecidos entre ambas naciones.

Sheinbaum cuestionó las condiciones bajo las cuales se permitió la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en Chihuahua. Señaló que este tipo de colaboración requiere autorización expresa del Ejecutivo federal y consideró que, en este caso, se vulneró el marco legal vigente.

La presidenta responsabilizó al gobierno estatal encabezado por Maru Campos por haber solicitado dicha intervención sin seguir los procedimientos correspondientes. Añadió que también el Gobierno de Estados Unidos, a través de su representación diplomática, debió informar a las autoridades federales mexicanas sobre su participación.

En ese contexto, Sheinbaum informó que la gobernadora de Chihuahua sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para abordar el tema.

La titular del Ejecutivo reiteró sus condolencias por la muerte de los agentes estadounidenses y de los mexicanos involucrados, y destacó que su postura ha sido expresar solidaridad con las familias de las víctimas. Esto luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, solicitara mayor empatía ante los hechos ocurridos en territorio mexicano.

Inicialmente, la Fiscalía de Chihuahua indicó que los agentes estadounidenses regresaban del operativo; posteriormente, aclaró que no participaron directamente en el aseguramiento de un laboratorio de narcotráfico, sino que realizaban labores de adiestramiento.

La controversia aumentó tras un reporte del diario The Washington Post, que señaló que los dos estadounidenses presuntamente pertenecían a la CIA y habrían brindado apoyo de inteligencia en la operación, en medio de un contexto de presión de Washington hacia México en temas de seguridad. Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial adicional por parte de las autoridades federales sobre estos señalamientos

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