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Piden enmendar las fallas en Ayotzinapa

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ayer un informe preliminar acerca de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace ya casi 10 meses en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con el portal Animal Político, el informe, que es preliminar, informa de los errores que detectaron en el seguimiento del caso.

Los principales errores son fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, y omisiones en la práctica de diligencias ministeriales federales y locales, indicó en un comunicado.

Al presentar 23 observaciones y recomendaciones a las autoridades mexicanas, principalmente a la PGR, el ombudsman Luis Raúl González Pérez dijo que no se puede esperar a que ocurra otro caso similar, “el momento de actuar es ahora y con ello se daría sentido y significado al dolor, al sufrimiento y a la indignación que este caso ha generado”, declaró el funcionario.

Para ello, la comisión elaboró 32 observaciones, entre las que destacan que a la PGR le pide integrar las fichas de identificación y establecimiento de perfiles de identidad de los estudiantes desaparecidos. La búsqueda de los estudiantes desaparecidos disminuye su posibilidad de éxito sin estas fichas.

Recomienda que la PGR continúe con las acciones de búsqueda “para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos” en la Sierra de Guerrero, en Apango, y no descartar ninguna línea de investigación.

Derechos Humanos pide obtener los datos de los celulares de dos estudiantes desaparecidos, incluidos los mensajes que fueron enviados durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014, así como de otros dos celulares desde los que “supuestamente” se mandaron mensajes e hicieron llamadas el 26 de septiembre pasado, cuando los jóvenes estudiantes fueron desaparecidos.

Otros puntos son:

4.- La CNDH pide a PGR investigar “por qué motivo los alumnos de la Normal fueron llevados a la ciudad de Iguala. ¿Quién los llevó y por qué precisamente a los alumnos de primer grado?”. Se debe investigar la injerencia o no de autoridades escolares.

5.- La PGR debe cumplir las orden es de aprehensión pendientes. Faltan por aprehender a tres participantes en la supuesta incineración de retos y falta identificar y aprehender a 11 implicados que sólo se mencionan por apodo.

6.- Solicitar apoyo internacional para cumplir estas aprehensiones.

7.- Establecer la identidad de los habitantes de la calle Juan Álvarez y Periférico, en iguala, donde ocurrió el ataque a los normalistas, para obtener sus testimonios de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre.

8.- Recabar y ampliar las declaraciones de los policías estatales, ministeriales, estatales y federales, “y de elementos militares” destacamentados en Iguala y Cocula. La CNDH pide a la PGR que siente los militares rindan su declaración; al menos 10 deben hacerlo.

9.-La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe informar cuáles de los 43 normalistas pertenecen o han pertenecido al Ejército

10.- La PGR debe tomar declaración a los buzos de la Marina que recuperaron restos del río San Juan para atender las inquietudes del equipo forense argentino que apoyó a las víctimas.

11.- Investigar las condiciones climatológicas “para establecer si existieron las condiciones para generar la incineración de cadáveres en el basurero de Cocula”.

12.- Comparar científicamente la tierra de los restos recuperados del río San Juan con la tierra del basurero de Cocula para esclarecer temores sobre ocultamiento de evidencias.

13.- Practicar comparaciones científicas similares con otros materiales hallados, tanto en los restos recuperados del río como en los materiales recuperados del basureros, como llantas, botellas, hebillas.

14.- Analizar las balas recuperadas en Cocula, para determinar el tipo de armas usadas.

15. Analizar si existen “indicios biológicos secrecionales y de pelo” en ocho camisas recuperadas de un autobús abandonado en la comunidad de Mezcala.

16.- Analizar la sangre hallada en una playera más, recuperada del autobús abandonado en Mezcala el 26 de septiembre de 2014.

17.- Comparar restos de sangre hallados en el lugar del ataque a estudiantes, patrullas, autobuses y otros sitios, para saber a qué estudiantes pertenecía esa sangre

18.- Realizar periciales antropológicas y odontología a los 60 mil pedazos de hueso quemado recuperados del basureros de Cocula y el río San Juan.

19. Resolver “lo que en derecho proceda” sobre la muerte de Alexander Mora Venancio, el único normalista identificado por los expertos de la Universidad de Innsbruck.

20.- Investigar las discrepancias sobre el paradero de los alumnos, pues la PGR cuenta con dos testimonios distintos; uno que indica que los jóvenes fueron asesinados en el basurero de Cocula y otro en el que se asegura que fueron llevados a fosas de Cerró Viejo.

21.- Realizar una reconstrucción de los hechos. A la fecha, la PGR no ha realizado una reconstrucción de hechos formal.

22.- Indagar la participación de otras corporaciones de seguridad municipales en actividades del crimen organizado.

23.- Determinar el modus operandi de los grupos delictivos Guerreros Unidos y Los Rojos, sus estructuras financieras y de vigilancia de la población; también investigar a las empresas en las que ocultan sus ganancias.

24.- Investigar operaciones financieras de estos grupos delictivos y la entrega de recursos públicos y de estructuras administrativas, como las direcciones de seguridad, al crimen organizado.

25.- Unificar las cuatro investigaciones estatales y federales emprendidas por el ataque a los normalistas.

26.- Fortalecer los pliegos de consignación en contra de los detenidos, alimentándolos con pruebas.

27.-La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe realizar un estudio del impacto psicología del ataque contra los normalistas, que dé pie a un plan de reparación del daño.

28.- La CNDH consideró imprescindible la creación de un plan de reparación del daño, que rija toda acción de la comisión de atención a víctimas.

29.- La Comisión de víctimas no sólo debe atender la reparación del daño a nivel personal, sino prever la reparación colectiva.

30.- Para la CNDH, la Fiscalía de Guerrero debe determinar científicamente el origen de las lesiones en el rostro de Julio César Mondragón, que fue hallado desollado.

32 . El ayuntamiento de Iguala debe restaurar de inmediato sus áreas de seguridad pública, redactando reglamentos y con vigilancia de la ciudadanía.

Diario de Yucatán

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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