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México

Denuncian despido de jornaleros en BC

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El vocero de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Fidel Sánchez, denunció que, a casi dos meses de haber establecido compromisos con los productores de Baja California y las autoridades estatales y federales, hay represalias contra sus compañeros que participaron directamente en la movilización para exigir mejoras laborales.

El portavoz aseguró que varios campesinos que participaron en la movilización para exigir que se frenara la explotación, mejores condiciones laborales y un mayor salario han sido despedidos.

“Para nosotros suena y se ve como represalia, porque son compañeros que tienen más de cinco a seis años prestando su servicio para esta empresa. Curiosamente, también son los compañeros que participaron de manera directa en el movimiento y los que se están quedando en las empresas son los compañeros de nuevo ingreso”, dijo.

Por ello, integrantes de la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín se reunieron ayer con el subsecretario de Gobierno federal, Luis Enrique Miranda, quien les ofreció una inmediata revisión de lo sucedido en Ensenada, Baja California.

Además, informó que falta que el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo verifiquen los campos agrícolas, ya que fue parte de los compromisos que se signaron el 14 de mayo y el 4 de junio de este año.

Fidel Sánchez reconoció que a pesar de que ha habido acuerdos en el cumplimiento de los acuerdos, éstos han avanzado muy lento; sin embargo, descartó que el movimiento pueda resurgir al igual que la violencia que se generó en la región.

No obstante, Sánchez mencionó que la solución del pliego petitorio ha sido lenta. Sin embargo, descartó la posibilidad de que se reactive nuevamente el movimiento de los jornaleros.

“Creemos que el gobierno solucionará la problemática sin necesidad de que haya protestas”, indicó.

Milenio

México

México y Estados Unidos pactan entregas de agua del río Bravo bajo tratado de 1944

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México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo técnico para la gestión y entrega de agua en la cuenca del río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por una sequía extrema que ha presionado a comunidades, productores agrícolas y ecosistemas a ambos lados de la frontera.

El entendimiento es resultado de meses de negociaciones técnicas y políticas, y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del tratado, al tiempo que se protege el derecho humano al agua y a la alimentación. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua, confirmaron el compromiso de México para realizar entregas mínimas anuales conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos establecidos en el acuerdo binacional.

Como parte del nuevo esquema, México se comprometió a entregar al menos 350 mil acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el próximo ciclo de cinco años. Este volumen permitirá avanzar en el cumplimiento del tratado mientras se implementa un plan para saldar la deuda acumulada del periodo quinquenal anterior y evitar nuevos déficits hídricos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo fue construido en coordinación con los gobernadores de los estados del norte del país, con el fin de diseñar un esquema de afectación mínima que permita cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer el abasto interno. Entre las entidades involucradas se encuentran Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, regiones que dependen en gran medida del río Bravo para el consumo humano y las actividades productivas.

El plan técnico acordado contempla una gestión más ordenada del recurso, reuniones mensuales de seguimiento y acciones de planeación de largo plazo que incluyen infraestructura, adaptación al cambio climático y una distribución más previsible del agua. Autoridades mexicanas subrayaron que el Tratado de 1944 continúa siendo un instrumento clave para salvaguardar los intereses nacionales y la estabilidad agrícola.

Desde Estados Unidos, funcionarios señalaron que el acuerdo fortalece la seguridad hídrica del sur de Texas y beneficia a agricultores y ganaderos del Valle del Bajo Río Grande, en una región afectada por la caída histórica de los niveles del río, la sobreexplotación y la contaminación del afluente.

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