Saif al Islam, el hijo más conocido de Muamar Gadafi y ocho colaboradores del difunto dictador libio fueron condenados a muerte este martes por un tribunal de Trípoli, por la sangrienta represión de la revuelta que puso fin al régimen en 2011.
El tribunal condenó a muerte entre otros al último primer ministro de Gadafi, Bagdadi al Mahmudi, y a su ex jefe de los servicios de inteligencia, Abdala Senusi. Los dos ex dirigentes estaban presentes en la sala.
Saif al Islam no asistió en cambio al juicio en la capital libia, porque está preso en la ciudad de Zintan (suroeste), en manos de una milicia opuesta a las autoridades de Trípoli. Durante el proceso compareció por videoconferencia. Los condenados fueron procesados por su papel en la sangrienta represión de la revuelta que, ayudada por una intervención de la OTAN, terminó con más de 40 años de régimen gadafista en 2011 y con la propia vida de Muamar
Gadafi.
En total, 37 personas estaban acusadas de delitos como asesinato y complicidad en la incitación a la violación durante la revuelta de 2011. También estaban procesados por secuestro, saboteo, malversación de fondos públicos y contratación de mercenarios africanos.
El juicio, iniciado en abril de 2014, fue criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que afirman que los acusados tuvieron un acceso limitado a abogados y a documentos clave.
También se vio marcado en el caso de Saif al Islam por una disputa no resuelta con la Corte Penal Internacional de La Haya, que reivindica su jurisdicción en el caso. En la sala, en el centro de Trípoli y bajo fuertes medidas de seguridad, estaban presentes 29 acusados.
Nueve fueron condenadas a muerte ante el pelotón de ejecución, y ocho a cadena perpetua. Cuatro fueron absueltos, y en el caso de un acusado se abandonaron los cargos y se le enviará a un hospital psiquiátrico. El resto de los 37 acusados fueron condenados a penas de entre uno y 12 años de cárcel. Según el fiscal general, las penas de prisión son aplicables de inmediato, y sólo los condenados a muerte pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema.
Disputas en torno a Saif al Islam
La milicia que mantiene preso a Saif al Islam en Zintan es leal al gobierno reconocido internacionalmente, que el pasado agosto tuvo que refugiarse en Tobruk (este) cuando la coalición de milicias Fajr Libia tomó el poder en Trípoli, creando su propio gobierno y parlamento.
El Consejo de Seguridad de la ONU confió el conflicto libio a la CPI en febrero de 2011, al desencadenarse la represión del régimen gadafista contra un levantamiento popular alentado por la Primavera Árabe, que acababa de tumbar a los presidentes de Túnez y Egipto.
Los fiscales de la Corte consideran que Saif al Islam formaba parte del «círculo más estrecho» de su padre, y que «concibió y dirigió un plan para disuadir y poner fin por todos los medios a las manifestaciones civiles contra el régimen de Gadafi».
La Corte con sede en La Haya acusa a Saif al Islam, a menudo presentado como posible sucesor de su padre, de crímenes de guerra y contra la humanidad. Desde su captura en noviembre de 2011, un mes después de la muerte de Muamar Gadafi, la CPI ha solicitado su extradición, de momento en vano.
La CPI, competente para juzgar genocidios y crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir de 2002, también reclama a Senusi, que primero se refugió en Mauritania y luego fue extraditado a Libia. A diferencia de Saif al Islam, la CPI dio luz verde a Libia para que juzgara a Abdala Senusi.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.