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Cumple cinco años conflicto de Mexicana de Aviación

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Cinco años después de que Mexicana de Aviación realizara su último despegue, no se ha resuelto por la venta de sus bienes ni cubierto la deuda con sus acreedores, incluidos sus trabajadores.

La aerolínea, que fuera una vez bandera del país, fue declarada en quiebra en abril de 2014, tras tres años en concurso mercantil. La duración del proceso y su manejo es una las principales críticas por parte de los sindicatos y analistas consultados.

“El concurso mercantil ha sido poco transparente y regular. Es una figura para mantener a las empresas trabajando y que dura seis meses, máximo un año. Con Méxicana tomó tres años nombrar a un síndico (encargado de liquidar los activos de la empresa) y aún no soluciona la venta de activos”, afirmó el capitán Mario Alberto González Aguilera, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

Como reacción a esta falta de transparencia la agrupación sindical de pilotos y la de Sobrecargos de Aviación (ASSA) solicitaron un amparo el 12 de agosto pasado para detener la subasta de bienes de la aerolínea que se realizaría un día después.

Los sindicatos no se oponen a la venta sino a la falta de información que le rodea, pues hasta ahora no conocen qué falta por subastar, afirmó González.

Es importante conocer cuáles son estos activos, dijo, ya que algunos de los principales, como la Torre de Mexicana ya fueron desincorporados, comentó el consultor del sector aeronáutico, Fernando Gómez Suárez.

“Previo a que surtiera efecto el amparo, pedimos al síndico (Alfonso Ascencio Triuje) el inventario de los bienes y que se tomen en consideración los slots y las rutas. No hemos encontrado eco a esas preguntas”, dijo González, de ASPA.

La suspensión de la venta concedida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil es temporal y puede ser revocada.

Otro tema por aclarar es el futuro del MRO, el centro de mantenimiento de la aerolínea, que continúa en funcionamiento. De hecho, el gobierno federal creó un fideicomiso para capitalizar el taller al cual los sindicatos piden sumar el resto de bienes de la empresa. El costo de gestión del fideicomiso es de 2 millones de pesos mensuales, advirtió González.

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Marzo será el mes de las mujeres en el Estado de Chihuahua

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Las mujeres han sido clave en el desarrollo social, cultural, económico y político del Estado, pero continúan enfrentando desigualdad, discriminación y violencia que restringen el pleno ejercicio de sus derechos, por ello, el Congreso del Estado declaró el mes de marzo como “Mes de las Mujeres”, acto que representa una acción afirmativa que busca fortalecer la participación social e institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres.

Fue la diputada Irlanda Márquez Nolasco presidente de la Comisión de Igualdad dio lectura al dictamen correspondiente, en el cual se detalla que la ONU ha establecido como objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, por ello la necesidad de fortalecer las acciones necesarias.

El 8 de marzo de cada año, es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Mujer, fue en el año de 1975 establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha conmemorativa para reconocer su igualdad, justicia y participación plena en la sociedad, a esta conmemoración se unen las mujeres de todos los continentes; por ello, Chihuahua refuerza las acciones con la declaratoria, a fin de convertir al mes citado, en un periodo dedicado a acercar la historia, la cultura y las diversas realidades de las mujeres a la sociedad.

Es importante destacar que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará; así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la responsabilidad del Estado para impulsar políticas públicas, acciones de capacitación y programas de sensibilización dirigidos a eliminar la violencia y garantizar la igualdad sustantiva.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen a esta declaratoria, fue presentada por la diputada América Aguilar Gil.

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