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Chihuahua

Denuncia Amnistía Internacional aumento de violencia vs la mujer en México

Amnistía Internacional denunció el miércoles la impunidad ante la creciente violencia y la discriminación contra las mujeres en México a pesar de las leyesque se han aprobado en los últimos años.

En un informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la ONU, la organización humanitaria criticó que las autoridades del país no protegen a las víctimas de la violencia de género ni garantizan que los responsables respondan ante la justicia.

«En los últimos años, México ha aprobado varias leyes y creado instituciones destinadas a proteger a la mujer de la violencia. Sin embargo, gran parte del problema radica en la no aplicación efectiva de estas leyes y en la debilidad de las instituciones», dijo Rupert Knox, autor del informe, en un comunicado emitido desde su sede en Londres.

Por ello, AI pide tanto al gobierno en funciones como al nuevo Ejecutivo mexicano «un mayor compromiso» para proteger los derechos de la mujer y poner fin a los abusos y asesinatos que, entre 1985 y 2009, ascienden a 34,000 y que han aumentado en los últimos años.

Solo en 2010, los homicidios de mujeres fueron 2,418, 320 de ellos en Ciudad Juárez, una de las urbes más afectadas por este problema.

Aunque la cifra de hombres asesinados es muy superior, Amnistía apunta que la violencia sobre ellas suele ser más cruel y suele ir ligada a las agresiones sexuales.

El Ministerio Público de México recibió en 2009 casi 15,000 denuncias de violación en todo el país, aunque AI calcula que en realidad se produjeron alrededor de 74,000 ya que solo un 15% de las agresiones sexuales se denuncian.

De los casos llevados ante los tribunales, solo 2,795 terminaron con una condena, según apunta la organización, por lo que algunas de las víctimas acabaron llevando su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La impunidad con la que terminan muchos de estos crímenes ha provocado que muchas mujeres emprendan campañas para proteger sus derechos aunque, a menudo, ellas también se convierten en el blanco de la violencia.

«Las mujeres activistas de los derechos humanos son víctimas de cada vez más ataques por su trabajo contra la violencia basada en el género y por arrojar luz sobre las violaciones de los derechos humanos producidas en México», indica AI en su informe.

La organización también alerta de la situación de las emigrantes irregulares procedentes de Centroamérica que cruzan México para llegar a Estados Unidos, que también son víctimas habituales de estos crímenes y que están sometidas a un mayor grado de desprotección.

Según recoge Amnistía en su informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó en 2011 que unos 11,000 emigrantes habían sido secuestrados durante seis meses, mientras que otros estudios académicos indican que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de agresiones sexuales.

 

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Chihuahua

César Duarte acusa a CONAGUA de destruir infraestructura hídrica histórica en su rancho

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanzó fuertes acusaciones contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a quien responsabilizó de haber destruido una represa centenaria y varios pozos en su rancho El Saucito, afectando —según él— tanto la actividad productiva como el suministro de agua potable a comunidades rurales de la zona.

Acompañado de su equipo legal, Duarte denunció públicamente lo que calificó como “mentiras y abusos” por parte del organismo federal, asegurando que la represa demolida contaba con un permiso de construcción expedido hace más de cien años, en favor de su bisabuelo y previo al Tratado de Aguas con Estados Unidos. Por lo tanto, argumentó, su uso no debería estar sujeto a las restricciones actuales del acuerdo binacional.

“El agua se estaba utilizando para retenerse y evitar la evaporación antes de que llegara al Río Conchos. Lejos de afectar a las comunidades, esto ayudaba a los productores locales”, sostuvo Duarte ante medios de comunicación.

Entre los daños reportados, destacó también la demolición de varios pozos, incluyendo uno que —afirma— abastecía de agua potable a pobladores cercanos y que, según documentación, había sido legalmente reconocido por la CONAGUA desde 2006.

Asimismo, subrayó que el sistema hídrico del rancho contaba con 67 bombas para distribuir agua destinada a las labores ganaderas de “familias vaqueras”, vitales para la economía rural de la región. A su juicio, las acciones del gobierno no solo carecen de sustento legal, sino que demuestran una actitud “destructiva” de las autoridades actuales.

“Estas autoridades nunca han producido nada en su vida. Solo saben destruir”, acusó el exmandatario estatal, quien también responsabilizó al gobierno federal y al estatal de haber emprendido actos arbitrarios que ponen en riesgo recursos esenciales para las comunidades del entorno.

Hasta el momento, ni la CONAGUA ni las autoridades estatales han emitido una postura oficial sobre los señalamientos de Duarte. La controversia se suma a una larga serie de tensiones en torno al uso y manejo del agua en el estado, especialmente en regiones donde el estrés hídrico y los conflictos por el recurso han ido en aumento.

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