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Centros de salud deberían prestar servicio a embarazadas no afiliadas

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Las instituciones de salud del estado deben prestar atención inmediata a las mujeres embarazadas que presentan alguna emergencia obstétrica, independientemente de si son o no derechohabientes de dichas clínicas, señaló el legislador de San Luis Potosí Jorge Luis Díaz Salinas.

Por ello presentó en Sesión Ordinaria una iniciativa de modificación a la Ley de Salud del Estado en su artículo 51 Bis, a fin de establecer la prestación de atención médica por parte de los servicios de salud de manera expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

En su exposición de motivos, el legislador manifiesta que de acuerdo a los informes sobre muerte materna publicado en la Revista Internacional de Geografía auspiciada por el INEGI, en términos de la Tasa de Mortalidad Materna Evitable Estandarizada, San Luis Potosí ocupa el sexto lugar a nivel nacional, después de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Muchos decesos hubieran podido evitarse si se contara con una atención médica más integral.

Agrega que a nivel nacional, el Senado de la República ha aprobado una reforma a la Ley General de Salud para la atención oportuna e integral de las mujeres embarazadas o en proceso de parto, en todos los hospitales públicos, de manera que es importante hacer las modificaciones a la legislación estatal en el mismo sentido.

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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