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Chihuahua

Se han arrestado poco más de 210 extorsionadores desde abril de 2011

El delito de extorsión ha sido más complicado eliminarlo, debido a que los delincuentes lo hacen de manera secreta, directa, amenazante y ahora a través de terceros, reconoció la Fiscalía General del Estado (FGE).

Carlos González Estrada, vocero de la dependencia, agregó que a esto se suma la falta de denuncia por parte de los afectados.

Dijo que se ha detectado que quienes mantienen este tipo de actividades son miembros de bandas que no pudieron ser arrestados, y ante la detención de sus compañeros, toman el lugar que dejaron, para mantener vigente el cobro de piso.

Precisó que de abril de 2011 al 24 de julio se han arrestado a 210 personas y con ello se han desarticulado 86 bandas.

Personal de la FGE, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que a pesar de existir la pena vitalicia, los extorsionadores deciden correr el riesgo ante las grandes cantidades de dinero que recolectan semanalmente.

La fuente indicó que cuando llegan a ser detenidos los presuntos responsables, deciden quedarse callados y no delatar a sus cómplices.

Muchos de los que no logran caer, van a seguir con el negocio ilícito y tienen la esperanza de que desde la cárcel puedan asesorarlos para obtener parte de esas ganancias, explicó el testimonio anónimo.

Por su parte, González Estrada indicó que se han presentado casos de personas que viendo la oportunidad de ganarse unos cuantos pesos, deciden pedir a través de la amenaza por teléfono, dinero a conocidos y hasta familiares, tal y como sucedió con el caso del sobrino del maestro universitario que vio la oportunidad de obtener una ganancia rápida.

De acuerdo con cifras del fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Jorge González Nicolás, por lo menos dos mil negocios han dejado de pagar la “cuota” con la detención y supuesta desintegración de bandas de “cobracuotas”.

En los registros de la FGE se tienen documentadas las querellas del mes de enero por el delito de extorsión que alcanzaron las 11, para febrero fueron nueve, en marzo 11, en abril 12, en mayo ocho y en junio nueve.

En los primeros seis meses de este 2012 han acudido a presentar su querella 60 víctimas de este ilícito.

El coordinador de la Mesa de Seguridad del Programa “Todos Somos Juárez”, Arturo Valenzuela, dijo que además de las denuncias registradas ante la FGE por este delito, existe un número no cuantificado de víctimas que prefieren no denunciar.

Expresó que en muchos de estos casos, las personas deciden pagar por protección y consideran que el servicio que se les da es más efectivo que el que pueden dar las propias autoridades.

Dijo que muchos de los comerciantes, al pagar la cuota, evaden el pago de servicios y otras obligaciones fiscales.

González Estrada aseguró que la única forma de acabar con este problema radica en la voluntad de los ciudadanos de denunciar.

Por ello, mantienen disponible el número telefónico 089 y las propias instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que presenten su querella ante el Ministerio Público.

“La Fiscalía tiene que seguir trabajando para desterrar este delito, pero para ello se requiere de la denuncia”, explicó.

Agregó que pese al combate, siguen saliendo más extorsionadores y para detenerlos se requiere del apoyo de la comunidad.

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Chihuahua

César Duarte acusa a CONAGUA de destruir infraestructura hídrica histórica en su rancho

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanzó fuertes acusaciones contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a quien responsabilizó de haber destruido una represa centenaria y varios pozos en su rancho El Saucito, afectando —según él— tanto la actividad productiva como el suministro de agua potable a comunidades rurales de la zona.

Acompañado de su equipo legal, Duarte denunció públicamente lo que calificó como “mentiras y abusos” por parte del organismo federal, asegurando que la represa demolida contaba con un permiso de construcción expedido hace más de cien años, en favor de su bisabuelo y previo al Tratado de Aguas con Estados Unidos. Por lo tanto, argumentó, su uso no debería estar sujeto a las restricciones actuales del acuerdo binacional.

“El agua se estaba utilizando para retenerse y evitar la evaporación antes de que llegara al Río Conchos. Lejos de afectar a las comunidades, esto ayudaba a los productores locales”, sostuvo Duarte ante medios de comunicación.

Entre los daños reportados, destacó también la demolición de varios pozos, incluyendo uno que —afirma— abastecía de agua potable a pobladores cercanos y que, según documentación, había sido legalmente reconocido por la CONAGUA desde 2006.

Asimismo, subrayó que el sistema hídrico del rancho contaba con 67 bombas para distribuir agua destinada a las labores ganaderas de “familias vaqueras”, vitales para la economía rural de la región. A su juicio, las acciones del gobierno no solo carecen de sustento legal, sino que demuestran una actitud “destructiva” de las autoridades actuales.

“Estas autoridades nunca han producido nada en su vida. Solo saben destruir”, acusó el exmandatario estatal, quien también responsabilizó al gobierno federal y al estatal de haber emprendido actos arbitrarios que ponen en riesgo recursos esenciales para las comunidades del entorno.

Hasta el momento, ni la CONAGUA ni las autoridades estatales han emitido una postura oficial sobre los señalamientos de Duarte. La controversia se suma a una larga serie de tensiones en torno al uso y manejo del agua en el estado, especialmente en regiones donde el estrés hídrico y los conflictos por el recurso han ido en aumento.

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