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35 mil menores son explotados por el crimen organizado

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Niños y adolescentes no fueron incluidos en el proyecto de ley sobre desapariciones a pesar de que muchos han sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado, señaló ayer Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Se estima, apuntó en conferencia de prensa, que entre 25 mil y 35 mil menores son «narcoexplotados».

Antes de que el Ejecutivo federal enviara su propuesta de legislación al Senado, integrantes de diversas organizaciones sociales se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para explicarles que era necesario incluir a los menores. Sin embargo, sus argumentos no fueron considerados. Ahora, «confiamos que en la Cámara les corrijan la plana», indicó el activista.

Pérez García precisó que los niños o adolescentes son utilizados, principalmente, como informantes y en menor medida como sicarios o para fabricar drogas. Mientras que muchas jovencitas son destinadas a «ser novias de narcotraficantes».

El incremento en el número de desapariciones de niñas menores de 17 años es alarmante, advirtió: de 2012 a 2014 subió 191.8 por ciento. El aumento en el caso de los varones del mismo grupo de edad fue de 14.6 por ciento. Datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas identificaban, hasta enero del año pasado a 23 mil mujeres, 6 mil 700 tenían menos de 17 años.

En el país, los niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado que logran escapar no son tratados como víctimas y mucho menos tienen derecho a la reparación del daño. Al contrario, algunos son juzgados y recluidos en centros para menores de edad. Desde 2011 el Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado mexicano desarrollar programas de desvinculación, como sucede en África o Colombia, donde aquellos que fueron enganchados por grupos armados están protegidos por la ley, recordó Juan Martín Pérez.

Es imprescindible que incorporen un capítulo dedicado a la niñez y la adolescencia porque no se puede abordar de la misma manera la desaparición de un adulto, expuso. La prioridad, cuando no aparecen, deben ser los menores de edad.

Vanguardia

Acontecer

Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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