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Empresarios demandarían a Fonatur por caso Tajamar

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Empresarios dueños de predios en Malecón Tajamar demandarían al Fonatur, entre otras razones, por las pérdidas millonarias que han tenido que enfrentar ante la imposibilidad de iniciar con las obras proyectadas en la zona donde se encontraba el manglar Tajamar, mismo que hoy es motivo de discusión y controversia a escala nacional.

Uno de los posibles demandantes es Francisco Córdova Lira, expresidente de Coparmex en Quintana Roo, quien declaró haber pagado hace casi cuatro años 38 millones de pesos por un terreno de ocho mil 500 metros cuadrados, más casi medio millón de pesos para los permisos que se requieren para la construcción de condominios en la zona.

Además, dijo que si bien el trato original incluía encargarse del desmonte y del rescate de la fauna, el Fonatur reunió a todos los desarrolladores para que firmaran un convenio en el que aceptaban que fuera precisamente el Fondo el que se encargara del traslado de las especies animales.

En torno a la suspensión provisional que recientemente otorgó el juez segundo de Distrito para detener la remoción de la vegetación y el inicio de cualquier tipo de obra, el empresario cancunense comentó que sigue de cerca la información al respecto, que incluso está en contacto con el área jurídica del Fonatur y que no se prevé cancelación de las obras pactadas.

Será la próxima semana cuando el juez determine si otorgará una suspensión definitiva. De cancelar las obras, Fonatur deberá responder a una millonaria demanda, pues los 22 inversionistas coinciden en que requerirán la devolución de su dinero con los respectivos intereses y una suma no determinada al momento por los daños que esta controversia ha causado a sus empresas.

En julio de 2005, la Semarnat otorgó al Fonatur la autorización en materia de Impacto Ambiental para el desmonte de 49 hectáreas de manglares y selva baja en el predio conocido como Malecón Tajamar. La autorización tiene validez hasta febrero de 2016.

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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