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Firman convenio nacional en pro de la Identidad Indígena

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En el marco del Convenio para Promover y Garantizar el Derecho a la Identidad de la Población entre la Secretaría de Gobernación Federal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, suscrito en evento que tuvo verificativo en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; ello como parte del compromiso Presidencial, pronunciado por Enrique Peña Nieto en beneficio de los pueblos de origen en la Nación.

 

El mencionado convenio, signado por el Secretario de Gobernación Lic. Miguel Ángel Osorio Chong y la titular de la CDI, L.C. Nuvia Mayorga Delgado, establece el impulso permanente de acciones para que la población indígena de México pueda a su vez contar con servicios cercanos y en su lengua; los cuales impulsen por ejemplo el registro ordinario y extemporáneo de nacimientos, así como la expedición de actas del registro civil, regularización de actas del registro civil y la expedición de la Clave Única de Registro de la Población (CURP); todos documentos de carácter oficial y fundamentales para la realización de cualquier tipo de trámite.

 

En el Estado de Chihuahua, la Delegada Estatal, Mtra. Azucena Ruiz Zúñiga, encabezó un contingente de beneficiarios de proyectos impulsados por el área jurídica de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el objeto de acudir a la firma del mencionado convenio. Se trata de 12 beneficiarios de Proyectos Jurídicos aprobados y vigentes desde el año 2015.

 

La Delegada Ruiz Zúñiga, destacó que en el marco de estos proyectos jurídicos en Chihuahua, la CDI viene brindando apoyo para la obtención de diversos documentos expedidos por el Registro Civil, pero es hasta después de la firma de este convenio de impacto nacional, que las reglas de operación permitirán generalizar el apoyo a las comunidades indígenas para la obtención de los diversos documentos de identidad, con recurso etiquetado específicamente para eso.

 

Asimismo, recordó que durante el año 2015 fueron cinco los proyectos jurídicos aprobados para el Estado de Chihuahua por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de los cuales se revisan ya los proyectos finales para su segunda ministración; mientras que para la nueva convocatoria 2016, se tienen contemplados doce solicitudes de proyecto jurídico, las cuales se enfocan a la regularización de derechos ejidales, defensa del territorio y derecho a la libertad de consulta indígena, entre otros; por lo que espera que para el presente año, incluso pueda doblarse el número de proyectos ejecutados en la entidad.

 

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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