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Ocho de cada diez empresas en México son afectadas por fraudes

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Ocho de cada diez empresas en México se han visto afectadas por algún tipo de fraude en los últimos doce meses, de acuerdo a la octava entrega del Informe de Fraude Global de Kroll, un marcado aumento respecto al 63% de la encuesta anterior y muy por encima de la media mundial (75%).

El informe, realizado con el apoyo del Economist Intelligence Unit, reúne encuestas de 768 altos ejecutivos de todo el mundo, pertenecientes a una amplia gama de industrias y sectores. Los resultados revelan que la amenaza de fraude más grande para las compañías viene desde adentro y que a nivel mundial, tres de cada cuatro empresas han sido víctimas de un incidente de fraude en el último año, un aumento de 14 puntos porcentuales en tan sólo tres años.

De esas empresas donde ocurrió un fraude y el responsable fue identificado, cuatro de cinco, es decir 81%, sufrieron el agravante desde el interior representando un aumento con respecto al 72% de la encuesta anterior. Más del 36% de las victimas experimentaron un fraude de un miembro de medio o alto cargo, el 45% de un empleado junior y 23% por un intermediario o agente externo.

Para Brian Weihs, Director de Kroll México, “La mirada de los medios de comunicación está centralizada en las amenazas externas de las empresas, por ejemplo, los ataques cibernéticos, pero nuestro informe y nuestra experiencia del día a día nos demuestran otra historia. Los encuestados del estudio indican que la mayor cantidad de casos de fraude se dan con sus propios empleados. Por lo tanto, las empresas deben, no sólo protegerse de posibles amenazas externas, sino principalmente de las internas”.

En este sentido, de las empresas que fueron víctimas del algún tipo de fraude en el último año en México y el agresor era conocido, el 29% aseguró que un agente o intermediario de la compañía jugaba un papel de liderazgo, la segunda tasa más alta en el informe.

Por otro lado, el país registró la tasa más alta en fraudes por proveedores o en compras (23%), la tercera más alta en malversación de fondos de la compañía (10%), y el segundo mayor número de empresas que sufrieron al menos algún daño financiero (73%) empatado con Brasil.

El informe también arrojó que, a nivel global, las pérdidas financieras se incrementaron de 64 por ciento en 2014 a 69 por ciento este año. México por su parte, reportó pérdidas económicas del 0.8 por ciento de sus ingresos por diversos fraudes como el robo de activos o de información, malversación de fondos o fraudes en proveedores o compras, cifra menor al 1.9 por ciento registrado en 2014.

AméricaEconomía

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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