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Opinión

¿Por qué apoyar #LEY3DE3? Por Pedro Kumamoto 

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Todos conocemos a un vecino que durante varios años mantuvo un mismo estilo de vida, misma casa, viajes, ropa, pero que un buen día, de la noche a la mañana, estas condiciones cambiaron. Todos tenemos al vecino que se mudó de nuestra colonia y fincó en los mejores lotes de un condominio lujoso, que cambió a sus hijos de la escuela al colegio con más pompa de la ciudad y del que ya sólo sabemos de su existencia por las revistas de sociales. La historia no acaba ahí, pasados unos días nos enteraremos de que lo que podría parecer un golpe bondadoso del azar a través de la lotería, una herencia o la buena planificación en los negocios del vecino, es en realidad un giro en su profesión: nos enteramos que el vecino ahora se dedica a la política.
¿Quién podría decir que este es un caso aislado? ¿Quién podría negar que en la política mexicana hay enriquecimiento ilícito? ¿Cuántos funcionarios públicos han caído a la cárcel por la corrupción? Las respuestas podrían entristecernos. Sin embargo, creo que hoy existen alternativas.
Detrás de la lucha anticorrupción hay años de trabajo de organizaciones, activistas, redes y académicos que esta semana se unieron para impulsar la iniciativa ciudadana #Ley3de3. Hemos hecho un frente en común para salir a las calles y juntar 120,000 firmas para llevar a la discusión en el Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana que termine de una buena vez con la corrupción.
Es importante apoyar la #Ley3de3, o propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque nos da herramientas para castigar conductas o actos de corrupción como soborno, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, nepotismo, utilización ilegal de información falsa y conspiración para cometer actos de corrupción. Esto significa volver delito muchas de las prácticas nocivas que hoy no son delitos en nuestro país. Otro punto innovador es que obliga a la creación de una “lista negra de corruptos”, o Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados (RNSPS), para evitar que estas personas ingresen de nuevo al trabajo público.
Finalmente, es importante reunir firmas para esta iniciativa porque vuelve ley una buena práctica que pocas candidaturas realizamos en las elecciones pasadas: el famoso #3de3. Es decir, presentar tres declaraciones antes de asumir el cargo: la declaración patrimonial, lo que tienes; la declaración fiscal, los impuestos que has pagado; y la declaración de intereses, en dónde trabaja tu familia, tus empresas, etc. Estos detalles nos permitirían darle seguimiento al patrimonio de los servidores públicos y seríamos capaces de señalar con claridad las discrepancias entre el dinero que deberían tener los servidores públicos por su sueldo y lo que tienen en realidad, para así inhibir el enriquecimiento ilícito.
Esta historia del vecino político criminal debe acabar. Por eso les invito a impulsar esta iniciativa a nivel nacional consiguiendo firmas. A nivel local les invito a incluirse en la discusión, pues los próximos meses retomaremos esta ley en el Congreso de Jalisco.

*Si quieres saber más y ayudar a esta iniciativa entra a: www.Ley3de3.mx

Opinión

El agua y la sed de poder. Por Caleb Ordóñez T.

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La crisis del agua en el norte de México ya dejó de ser un tema técnico. Hoy es un asunto político, económico y profundamente social. Porque cuando un país empieza a preguntarse si tendrá suficiente agua para producir, crecer y vivir, deja de hablar del clima y empieza a hablar de poder. En paralelo, México vive uno de sus momentos más prometedores en décadas con el boom del nearshoring, es decir, la decisión de empresas globales de mover sus fábricas más cerca de Estados Unidos para reducir costos, tiempos y riesgos. La narrativa suena poderosa: más inversión, más empleos, más desarrollo. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a pesar más que cualquier discurso: ¿con qué agua se va a sostener ese crecimiento con la inminente sequía que viene?

Caleb Ordoñez

El nearshoring no funciona solo con tratados ni con entusiasmo económico. Necesita energía constante, infraestructura eficiente y enormes -inmensas- cantidades de agua. Y ahí aparece el verdadero problema: las regiones más atractivas para esta inversión son también las más presionadas por la sequía. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas concentran esta paradoja. Son motores industriales, puertas de entrada al mercado estadounidense y piezas clave del nuevo mapa económico de América del Norte, pero al mismo tiempo enfrentan niveles de estrés hídrico cada vez más preocupantes. El norte del país se está volviendo más competitivo hacia afuera, pero más vulnerable hacia adentro.

Y no es solo que falte agua, sino cómo la usamos. En México, la mayor parte del consumo se destina al sector agropecuario, mientras la industria crece y las ciudades se expanden con rapidez. Los acuíferos, muchos ya sobreexplotados, no logran recuperarse al ritmo de la demanda. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se explica con claridad: la disponibilidad de agua. No significa simplemente que exista agua en el territorio, sino que esté disponible de forma constante, accesible en costos, con calidad adecuada y con infraestructura suficiente para captarla, tratarla y distribuirla. Y hoy, en buena parte del norte del país, esa ecuación ya no está garantizada. El riesgo no es futuro, es presente.

Cuando el agua empieza a escasear, la política inevitablemente entra en escena. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este puede convertirse en uno de los temas más delicados de su administración. Porque el discurso de crecimiento impulsado por el nearshoring puede chocar directamente con la realidad cotidiana de millones de personas que empiezan a resentir cortes, baja presión o incertidumbre sobre el abasto. Y cuando la gente percibe que el desarrollo económico compite con su acceso a un recurso básico, el problema deja de ser técnico y se vuelve emocional.

Ahí es donde la oposición encuentra terreno fértil. En estados donde históricamente el PAN y el PRI han tenido estructuras políticas, empresariales y sociales muy sólidas (como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila), una crisis de agua sostenida puede traducirse en algo muy concreto: voto de castigo. La narrativa es simple y poderosa: “llegó la inversión, pero se fue el agua”; “prometieron desarrollo, pero no aseguraron lo básico”. Y cuando esa percepción se instala en la conversación pública, los equilibrios políticos cambian. Morena no solo enfrenta un reto de gestión, enfrenta un reto de narrativa, que si no se preparan, será imposible de solucionar.

Pero hay algo todavía más delicado. El agua ya no solo genera escasez, empieza a generar tensión. Conflictos entre sectores productivos, entre comunidades, entre zonas urbanas y rurales. Cuando el recurso se vuelve limitado, también se vuelve motivo de disputas y violencia. Lo que hoy son señales de estrés mañana pueden convertirse en conflictos abiertos si no se actúa con visión de largo plazo.

Por eso este no es solo un problema de gobierno, es un reto de país. Cuidar el agua no puede quedarse en campañas o discursos, tiene que convertirse en cultura, en educación, en disciplina cotidiana. Tenemos que enseñar —y aprender— que el agua no es infinita, que abrir la llave no es automático, que cada decisión cuenta. Porque al final esto va mucho más allá de la política o la economía. Un país que no cuida su recurso más vital no solo pone en riesgo su crecimiento, pone en riesgo su estabilidad. Y cuando el agua empieza a escasear, lo primero que se seca no es la tierra, es la paciencia social.

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