Por: Víctor M. Quintana S.

Cuando la separación de poderes no existe, éstos funcionan como vasos comunicantes del autoritarismo, del tráfico de influencias, de la opacidad, de lo faccioso y partidista. Eso le ha pasado al poder judicial del estado. (Las minúsculas son para reflejar al autosometimiento y rebajamiento del mismo).

El recuento de los daños –y de las mañas- que se han venido presentando habría que comenzarlo por la nueva sede. La “Ciudad Judicial más grande de América Latina” en ningún sentido hace honor a su presuntuoso calificativo. Suponiendo que las dimensiones tuvieran algo que ver con la calidad de justicia que se imparte, hay en México otros complejos judiciales mayores. Pero, yéndonos a la calidad de la obra construida, las quejas de los usuarios son múltiples: elevadores siempre saturados (no lo de los magistrados que son exclusivos para ellos); pisos en declive (y no se trata de salas de cine), el edificio se cimbra, no por la exigencia ciudadana, sino por el paso de cualquier camión urbano o transporte pesado. No hay que olvidar que la firma de conformidad a la recepción de la obra civil fue uno de los factores que precipitaron la acelerada renuncia-jubilación del anterior Magistrado Presidente.

Por cierto, existen varias denuncias de empleados de este poder que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias en el sentido de que han sido despedidas varias personas por su cercanía al anterior Presidente Magistrado. A otras, se les han quitado las plazas, ganadas con el trabajo de años y se les ha recontratado por honorarios, con plazos predeterminados, sin ningunas prestaciones. Denuncian malos tratos de los funcionarios administrativos, entre los cuales hay varios parientes políticos o por consanguineidad. Ellos son quienes manejan la plantilla del poder judicial.

Señalan también que en el Instituto de Justicia Alternativa se despidió a los coordinadores y a la jefa del mismo. A quienes se quedaron se les privó de una compensación de once mil pesos que recibían. Reina la incertidumbre entre los trabajadores con alguna antigüedad, mientras continuamente ingresa personal nuevo a laborar. Ahora, en tiempos de campañas electorales, existen también diversas denuncias en el sentido que a los empleados de este poder se les exige que trabajen de diversas formas en las campañas del PRI: por ejemplo, en las redes telefónicas de promoción del voto.

La impartición de Justicia se ve afectada de muy diversas formas: los concursos ya no se toman en cuenta para la designación de los jueces, pues éstos se nombran por acuerdo del Presidente del STJ con el Gobernador del Estado. Las sentencias se concentran en sólo dos titulares.

Lo peor de todo es la subordinación total de este poder a la voluntad del Gobernador: en las frecuentes reuniones que los titulares de este poder tienen con él, siempre les da la misma consigna: no debe emitirse ninguna sentencia absolutoria sin consultarlo previamente con su persona. Es necesario que el estado dé la imagen de que hay un alto porcentaje de juicios que terminan con la condena del presunto responsable, para demostrar que la impunidad baja en Chihuahua. Sin embargo, quienes conocen del tema señalan que un buen sistema de justicia penal acusatorio, como el vigente en el estado desde 2008, entre menos sentencias o asuntos lleguen a juicio es mejor.

Estas son sólo algunas de las denuncias que varios trabajadores de este poder, despedidos o todavía en funciones, expresan pero prefieren permanecer en el anonimato, ariscos ya de tantas represalias en contra de ellos y de sus compañeros. Si el Poder Judicial del Estado operara con transparencia, independencia, si rindiera cuentas puntuales y no estuviera sometido al Ejecutivo y al partido de éste, las podría responder a cabalidad.

Sin embargo, con este poder sucede lo mismo que con el Vivebús: se hace una cuantiosa inversión en infraestructura física, pero se entrega a los mismos grupos de interés, se subordina a los caprichos del Jefe del Ejecutivo. Y luego salen a relucir los vicios ocultos, no sólo los del edificio, sino del manejo interesado y faccioso de la Cosa Pública.

Si este sexenio todo en Chihuahua ha funcionado así, ¿por qué habría de escapar el poder judicial del estado, mejor dicho, del gobernador del estado?

P.S: Espero que por pubicar este artículo no me pase lo mismo que al joven y valiente reportero Gabriel Ortega, a quien le fue aplicada la versión chihuahuense de la Ley Mordaza: el inefable y arbitrario artículo 333 del Código Penal del Estado que a la letra dice: Artículo 333. Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a mil días multa al que, para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderos.

Por eso aclaro: el presente texto no tiene como pretensión obtener ningún beneficio, ni causar un daño, simplemente contribuir a la mejoría del Poder Judicial del Estado.