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Policiaca

Nueva cárcel para El Chapo en Juárez, el penal peor calificado por la CNDH

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apenas el año pasado, el penal al que fue trasladado Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se encuentra entre los 20 Centros Federales de Readaptación Social peor calificados.

El penal federal 9 Norte de Ciudad Juárez, de mediana seguridad, pasó la prueba de panzazo, con apenas 6.63 de calificación, al registrar problemas de sobrepoblación, hacinamiento y en los servicios de salud a los que tienen acceso los internos.

Aunque tiene capacidad para 848 reos, actualmente los compañeros de El Chapo son mil 12 y presenta deficiencias en la imposición de sanciones disciplinaria y para integrar los expedientes de cada interno, así como para clasificar a los procesados y sentenciados.

Entre las recomendaciones emitidas por la CNDH, destaca la urgencia de prevenir y atender incidentes de agresión y violencia a los derechos humanos, así como procurar la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; mayor atención a reos adultos mayores y de origen indígena.

En 71 centros penitenciarios, la comisión detectó un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad ejercitas por servidores públicos, en las relacionadas con la producción, educación y de tipo deportivas; en materia de alimentación, mantenimiento y limpieza, además del control del ingreso de visitas, tanto familiar como íntima, uso de teléfonos y de seguridad.

Chihuahua

Caso crematorio “Plenitud”: van por máxima pena para responsables de ocultar 383 cuerpos sin cremar en Cd. Juárez

El escándalo que conmocionó a Ciudad Juárez por el hallazgo de 383 cuerpos apilados en un crematorio clandestino comienza a tomar forma judicial. La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes que José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”, y Facundo M. R., su empleado, fueron detenidos y están sujetos a prisión preventiva por los delitos de inhumación y exhumación ilegales, así como por faltas graves al respeto debido a cadáveres humanos.

En una conferencia de prensa encabezada por el Fiscal General César Jáuregui Moreno, se dio a conocer que los cuerpos, embalsamados y sin haber sido cremados, fueron encontrados el pasado 26 de junio en condiciones indignas dentro del inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. El sitio operaba prestando servicios a cinco funerarias locales, que subcontrataban la cremación sin saber —o sin querer saber— el destino final de los cuerpos.

“Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables”, declaró Jáuregui, quien también prometió investigar posibles omisiones de las autoridades encargadas de regular este tipo de establecimientos.

La Fiscalía busca una sentencia de hasta 17 años de prisión y, según los avances, ya se ha logrado identificar de forma preliminar a 15 cadáveres, algunos por etiquetas hospitalarias, otros por tatuajes o prótesis dentales. De los 383 cuerpos, 218 son hombres, 149 mujeres, y 16 más aún no han sido clasificados. Cuatro serían menores de edad, incluidos dos neonatos.

Acompañado del Fiscal de Distrito Zona Norte Carlos Manuel Salas, del Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Javier Sánchez Herrera, y de Norma Ledezma, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Jáuregui sostuvo un encuentro con familiares que temen que sus seres queridos estén entre los cuerpos hallados. A ellos se les ofreció atención integral y acceso a información detallada del proceso de identificación, el cual se realizará con métodos forenses y antropológicos.

Las funerarias vinculadas a este caso son:

Luz Divina

Protecto-Deco

Del Carmen

Latinoamericana

Amor Eterno

Aunque se investigará si estas funerarias actuaron de buena fe o con negligencia, la prioridad —según dijo Jáuregui— será garantizar justicia y trato digno a los fallecidos, así como evitar la revictimización de las familias.

“Estamos ante un hecho inédito, atroz, que debe marcar un antes y un después en la regulación de los servicios funerarios en el estado”, puntualizó el Fiscal.

La audiencia de vinculación a proceso para los detenidos se celebrará el próximo 4 de julio, donde el Ministerio Público buscará consolidar las pruebas necesarias para llevarlos a juicio. Mientras tanto, las autoridades seguirán trabajando para identificar y entregar los cuerpos a sus familias.

Este caso podría desencadenar una reforma profunda en el sistema de vigilancia de servicios funerarios, ante la magnitud del engaño y el dolor causado a cientos de familias que creyeron haber despedido dignamente a sus seres queridos.

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