Opinión
¿ Y SI DONALD TRUMP FUERA PRESIDENTE? POR VICTOR OROZCO O.
Pues, jura que durante los primeros cien días de su mandato estaría diseñado el muro que dividiría la frontera con México, pagado por los mexicanos. Si esto pareció al principio de su campaña una fanfarronada, es ahora una posibilidad real. Imaginémonos en mayo de 2017, justo dentro de un año. El presidente Trump tiene cuatro meses de haber asumido el poder y montado en la ola de nacionalismo que ha desatado en Estados Unidos, comienza las redadas de indocumentados y llena las ciudades fronterizas de México con los expulsados. Además, contra viento y marea, violentando reglas básicas del derecho internacional, prohíbe las remesas de dinero a otros países o les impone gravámenes insoportables. A menos que México consienta en pagarle su muro. Con estas acciones encima, estaríamos en presencia de una enconada confrontación internacional. Allá, atizado desde la Casa Blanca, el fuego crecería incontenible, convirtiendo a México en el país enemigo. Quizá en un nuevo “imperio del mal”, como descubrió Ronald Reagan que era la ex Unión Soviética. Se exacerbaría la discriminación contra los latinoamericanos, bajo la especie de que su presencia en Estados Unidos impide que éste “sea grande otra vez”, como lo ofrece el slogan de campaña de Trump.
En México, pasarían muchas cosas más. La pretensión de que seamos los mismos mexicanos quienes sellemos la frontera de los Estados Unidos, cubriendo los costos del famoso muro, constituye una humillación en sí misma. Impedir que los trabajadores mexicanos dispongan de su dinero para enviarlo a sus familias o para hacer compras e inversiones en México, no sólo atropella la ley, sino el más elemental sentido de convivencia. Tales agresiones, aunadas a la campaña antimexicana desplegada en el territorio de los Estados Unidos, es seguro que despertarían los viejos demonios del antiyanquismo subyacente en el país. A diferencia de otras experiencias históricas, México no es una nación de quince millones de habitantes como lo era en los tiempos de la Revolución, sino una de ciento veinte millones, con una economía imbricada a la de Estados Unidos hasta el punto de estar entre sus clientes mayores. Dentro de sus límites, hay unos treinta y cinco millones de personas cuyos ancestros son mexicanos. En otras palabras, ya no se trata del “viejo y lejano México” como decían los norteamericanos en 1847, que venían en la invasión, sino de una nación entrelazada con Estados Unidos por un tejido de vínculos económicos, familiares, demográficos y culturales indestructibles. Tratar de eliminarlos, implica efectuar desgarramientos inútiles y sangrientos en ambos lados de la frontera.
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El choque sería de imprevisibles consecuencias. A Trump, hombre de inversiones hoteleras y avezado en concursos de belleza, le gustan los juegos de la guerra. Piensa que si los mexicanos van muy lejos, puede ponerlos quietos con dos o tres golpes militares. Sin embargo, una vez comenzada la aventura, como lo revelan casi todas las experiencias históricas de este tipo, el conflicto va escalando hasta el punto en el cual nadie puede controlarlo y tampoco salir ileso del mismo. En 1972, Estados Unidos tuvo que poner fin a la guerra contra Viet Nam, porque estaba envenenándose internamente. Una hipotética conflagración con México, haría parecer a la intoxicación derivada del ataque al país asiático, apenas un dolor de estómago. El precio a pagar en el mediano plazo sería tocar los linderos de una guerra civil, sin que en ello y por supuesto caigan en la cuenta los ultras nacionalistas aplaudidores de las bravatas acostumbradas por el posible presidente Trump.
¿Y, quien encabezaría la resistencia en México?. Dependería del nivel alcanzado por el choque. Es probable que el poco previsible magnate, una vez en la Casa Blanca, se percate del despropósito y recule. En ese caso, el gobierno de Peña Nieto podría sortear la crisis con medidas diplomáticas y declaraciones de amistad. Pero, si la amenaza va en serio, esto es, si comienza a ponerse en acto con medidas concretas, se requerirá mucho más que la acción de un presidente con escaso prestigio. Se requerirá un gobierno de salvación nacional, como se estila decir, cuando se hace necesario llamar a la unión de todas las fuerzas posibles, bajo un liderazgo con suficiente credibilidad y capacidad para concertar esta alianza firme y para poner tras de sí la voluntad de todo el pueblo. Es probable que el año y medio entre el hipotético triunfo de Trump y el término de la administración de Peña Nieto, se vaya en dimes y diretes, esperando las elecciones de 2018. Pero, también es probable que la Casa Blanca busque aplicar toda la presión antes de los comicios, aprovechando la debilidad del régimen mexicano.
¿Se antoja éste dibujo un escenario fantástico?. Es probable y quisiera, por obvias razones, que así sea. Pero, hace unos cuantos meses, ¿Quién apostaría un céntimo al triunfo de Trump en el seno de los electores republicanos?. Sin embargo, su discurso xenófobo, la exaltación de la grandeza de los Estados Unidos, hoy puesta en duda y desgastada por el gobierno de Obama, a juicio de una vasta franja de los ciudadanos, a quienes se les tocan las fibras del irracionalismo, de la prepotencia y de la intolerancia, pegaron con tal fuerza que pusieron a Trump en el camino hacia Washington.
Puede considerarse que cualquiera de los candidatos demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders, mandarán a la lona al millonario empeñado en comprar el puesto de mayor poder político y militar en el mundo, pero ya sabemos la veleidad de las encuestas. Nada está dicho y la moneda se mantendrá en el aire hasta el día de las urnas. Por sí o por no, los mexicanos debemos considerar la factibilidad de una arremetida de grandes proporciones por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Si atendemos a experiencias recientes como las de Cuba y Venezuela, es inevitable pensar en la gigantesca magnitud de la disputa entre EEUU y México. Con el gobierno cubano, la diferencia en las últimas décadas, el menos desde los años noventa, era más un artificio creado para consumo interno de ciertos influyentes círculos políticos norteamericanos y una concesión al obsoleto anticomunismo aún actuante. Con Venezuela, el asunto tenía y tiene mucho de retórica. En cambio, si aquí buscan obligar a México a construir un muro, por la fuerza, equivale a una guerra no declarada pero real en sus devastadores efectos.
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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