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Robin Wright «Claire» en House of Cards, pidió que le paguen lo mismo que al protagonista

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La actriz y protagonista de House of Cards, Robin Wright, dijo en un evento en la Rockefeller Foundation en Nueva York, que cuando supo que su personaje fue –en un punto– más popular que el protagonista Kevin Spacey, aprovechó la oportunidad de exigirle a sus jefes un salario equitativo al de su co-estrella.

Cuando Robin Wright supo que el público de House of Cards amaba al personaje de Claire Underwood tanto como el de su co-estrella Kevin Spacey, Frank Underwood, hizo lo que la primera dama de los EEUU haría: aprovechó la oportunidad para exigir el mismo salario que su equivalente masculino. Según el Huffington Post, la actriz informó a los productores de la serie que si no le pagaban, saldría públicamente a decir que estaba recibiendo un sueldo menor.

La brecha salarial de Hollywood es un tema que ha atraído mucha atención desde 2015 cuando la actriz ganadora de un Oscar, Patricia Arquette, subió al escenario a recibir su premio y a dar su discurso de aceptación. En ese discurso ella abordó el delicado tema exigiendo que se rompan las prácticas viejas que ataban a la industria de cine más poderosa del mundo. Desde entonces, muchas actrices se han unido a la lucha por reducir la brecha salarial y para criticar públicamente las prácticas discriminatorias de género.

Al final, sus jefes escucharon la petición de Wright… y cedieron.

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SocialMediaCUU explica porqué las redes sociales son trascendentales en las elecciones

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Los datos que proporciona el INE respecto de la lista nominal, es decir, la lista de personas que ya tienen credencial para votar, muestra un porcentaje muy amplio de gente joven que votará por primera vez. Entre sus principales características está el hecho de que utilizan principalmente medios digitales para informarse y, por su número, representan un valioso mercado para todos los partidos políticos.


 

En la lista nominal se cuentan poco más de 98 millones de personas, al corte de febrero de 2024. Así, en el país existen poco más de 15 millones de personas inscritas entre los 18 y 24 años; es decir, primovotantes, lo que representa el 15% del total.

Si sumamos a la población millennial y centennial, es decir, todas las personas de 18 a 39 años inscritas, tenemos a casi 47 millones, que representan al 48%, es decir, prácticamente la mitad del universo de votantes.

Las cifras son claras: 15 millones de personas que no han participado jamás en un proceso electoral presidencial (y posiblemente en ningún otro) y que, estadística e históricamente, no tienen una preferencia política definida, pueden inclinar la balanza a favor de cualquier candidata o candidato; y casi la mitad de la lista nominal utiliza Internet y medios digitales para enterarse de las propuestas de las y los actores políticos.

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad Y Uso De Tecnologías De La Información En Los Hogares (ENDUTIH), en el país existen 93 millones de internautas, siendo la franja de edad de los 18 a los 34 años, la que más se conecta a la red. Por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestra que las audiencias de radio han bajado a un 8.9% del universo de personas que pueden recibir una señal y las de televisión, a 14.1%. Para radio, las audiencias principales se encuentran en el rango de edad de 35 a 44 años, y las de TV se sitúan en 45 años o más.

Y es en este sentido en donde se plantea la problemática de las leyes electorales, ya que se tienen medios tradicionales como la televisión, la prensa impresa y la radio sobrerregulados, que incluso llevaron al INE a convertirse en una especie de central de medios gracias a la excesiva espotización; no obstante, los medios digitales, los más consultados por un enorme segmento de la población, no fueron tomados en cuenta en las normativas actuales.

Las plataformas digitales se convierten en una especie de tierra sin ley que permite a partidos y actores políticos realizar prácticas no éticas sin temor a sanción alguna ya que no solo no se contemplan acciones de comunicación política digital o fiscalización adecuada, además las normativas vigentes solo son aplicables a autoridades, actores y partidos políticos, no obstante, cualquier persona puede hacer una campaña electoral utilizando redes sociales y plataformas digitales.

De ahí la necesidad de crear marcos legales que permitan que las y los ciudadanos puedan elegir de manera libre, autónoma y sin cohesión a sus gobernantes, ya que tal y como se encuentra el panorama normativo electoral, la posibilidad de crear estrategias al marco de la ley para favorecer o entorpecer las campañas es muy alta, frente a un riesgo prácticamente nulo.

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