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Caso Hidalgo: la lógica y la amnesia del poder por Aquiles Córdova Morán

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Más de dos meses llevan los antorchistas de Hidalgo plantados en la céntrica plaza Juárez de Pachuca, frente al palacio de gobierno, en busca de solución a demandas que vienen, en buena medida, de anteriores administraciones. Pero, como siempre ocurre, esta protesta no surgió de manera súbita e intempestiva, ni brota de la intolerancia y de la incapacidad de los inconformes para entender los hechos ciertos y los argumentos legítimos que el gobierno aduce en su favor. Muy lejos de eso, antes de tomar la difícil decisión de plantarse, los antorchistas pasaron por un verdadero calvario que puso a prueba, una y otra vez, precisamente su capacidad para escuchar y discernir la sinceridad de los argumentos de los funcionarios, y también su paciencia para soportar la ordalía de antesalas interminables, de citas canceladas a última hora “por problemas de agenda”, o cumplidas sólo para decirles que “no hay todavía ninguna propuesta”, o para hacerles ofrecimientos tan obviamente inaceptables que no cabe duda sobre su carácter de simple provocación para reventar la negociación. Finalmente, no hay que olvidar, en este rosario de maniobras, las “minutas de acuerdos” firmadas y jamás cumplidas por los propios funcionarios que las validaron. Ninguna exageración hay en este recuento sucinto de los antecedentes del plantón.

Pero en la lógica de los gobernantes, los sucesos tienen otra dimensión y otro significado. Por ejemplo, el día 18 de junio, el diario digital elvistobueno.com.mx publicó las declaraciones del secretario de gobierno hidalguense, Fernando Moctezuma Pereda, sobre el plantón antorchista. De entrada, dijo que son instrucciones del gobernador, Francisco Olvera Ruíz “darle todas las atenciones a cualquier organización, y Antorcha no ha sido la excepción. Cuantas veces han venido a gobierno se les ha recibido”. En primer lugar, como dije, esto no es verdad; ha ocurrido, y no pocas veces, que los solicitantes han tenido que devolverse sin que nadie se digne escuchar sus quejas; pero lo más significativo es el juego de manos que se avienta el señor Secretario, pues finge olvidar que la protesta de los antorchistas no es “porque no se les haya recibido”, no es de eso de lo que se duelen, sino de que, a más de un año de la actual administración, no han obtenido ninguna solución aceptable a sus demandas más urgentes. Se trata aquí de un sofisma elemental cuyo propósito evidente es desviar la atención del asunto central hacia una cuestión secundaria que nadie ha subido a la mesa de las discusiones. El Secretario Moctezuma Pereda se sale por peteneras.

Pero el eje central de sus declaraciones es el mismo que los antorchistas hemos escuchado cientos (si no es que miles) de veces, a lo largo y ancho del país: sencillamente no hay dinero. Moctezuma Pereda lo dice así: “…el gobierno del estado entiende que las necesidades antorchistas pudieran ser sentidas, pero insiste en que nunca habrá dinero que alcance para resolverlas todas. Las demandas son muchas y no de este ejercicio gubernamental, sino que vienen generándose desde gestiones pasadas y obviamente ellos las toman como bandera”. Aquí tenemos otro sofisma: el pliego petitorio que actualmente defiende Antorcha no incluye “todas” las necesidades de los pobres de Hidalgo, sino sólo una mínima parte, aquellas que han logrado salvar las innumerables “depuraciones” y “jerarquizaciones” impuestas por el propio gobierno como condición para sentarse a discutirlas; si a pesar de ello al señor Secretario se le hacen muchas y, por eso, imposibles de atender, la culpa no es ni de Antorcha ni de los marginados hidalguenses, sino, como él mismo lo reconoce, de quienes, en pasadas administraciones, se negaron a atenderlas y las dejaron acumularse, tal como pretende hacerlo la administración actual. Y por ello resulta, ya no un sofisma, sino un verdadero dislate, decir que Antorcha aprovecha esta situación para hacerse de “banderas”, es decir, de simples pretextos para alardear de organización de lucha popular, lo que implica una ligereza imperdonable frente a las necesidades vitales de los más desamparados de nuestra patria.

La nota dice que el Secretario no dio cifras en vista del proceso electoral que se avecinaba, pero que, “por instrucciones” del gobernador, “después del primero de julio daría a conocer las obras, las acciones, los avances, los apoyos que se le brindan –a Antorcha Campesina-, porque finalmente esto transparenta el ejercicio gubernamental”. Esto, en buen romance, es una amenaza de guerra mediática que hoy está en suspenso por el interés de no espantar los votos de Antorcha en la elección que viene; pero, pasada la emergencia, están ya giradas las instrucciones del gobernador para abrir fuego dando a conocer las obras, apoyos y avances “que se le brindan”, acompañados seguramente de los montos en dinero que eso representa. Se trata de exhibir a los dirigentes antorchistas como insaciables devoradores del erario estatal, como viles (¡ya se habían tardado en usar la palabrita de moda!) chantajistas y extorsionadores que, so capa de defender a los pobres, sólo buscan el medro personal. Esto tampoco es nuevo; los antorchistas lo conocemos bien por haberlo sufrido más de una vez. Por eso, me adelanto a precisar que esto es tan endeble y falaz como todo el discurso del Secretario, porque, suponiendo que la cifra de obras y de dinero fuera realmente “impresionante”, ello no demostraría automáticamente que esos recursos fueron a parar a los bolsillos de los dirigentes y de los activistas de Antorcha. Nosotros, en cambio, con sólo recurrir al testimonio de los beneficiarios, podemos probar sobradamente que todo ha sido en beneficio de sus legítimos destinatarios cuyas necesidades y carencias son obligación del gobierno atender. Desafío desde ahora al Secretario de Gobierno a que demuestre lo contrario. Y también digo que eso de que es “mucho” lo que han “dado”, sólo tiene sentido en un marco de menosprecio reaccionario al bienestar del pueblo trabajador, pero no si se le contrasta contra el tamaño de la pobreza y contra el monto total de recursos que su verdadero combate demanda. Así visto, lo que han “dado” no pasa de ser una ridícula migaja. Hasta aquí la lógica del poder.

Ahora, muy brevemente, la “amnesia”. Cuando el actual gobernador hidalguense, Francisco Olvera Ruíz, era candidato, tuve el honor de entrevistarme con él a solicitud suya. En esa entrevista, refiriéndose al trato de tropa enemiga que nos dispensaba la administración saliente, me dijo: yo no entiendo este tipo de conductas; parece que el gobernante olvida que él es pasajero, pero que una organización popular como Antorcha no lo es. Se olvida que, ya fuera del poder, quizá la vida lo lleve a requerir un respaldo como el de ustedes, y que es necesario ganárselo desde ahora. Yo no lo olvidaré; y desde aquí y desde ahora me comprometo a tratar siempre de encontrar una solución a sus demandas, que son esencialmente justas (cito de memoria). Y ahora, a la vista de lo que ocurre en Hidalgo, yo me pregunto: ¿Tan inevitable y fatal es la amnesia que el poder engendra en quien lo detenta? ¿Tan profundo es el cambio que genera en los hombres? La respuesta la conocemos todos los mexicanos.

 

 

 

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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