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Cuando el poder no puede, quiere arrebatar.

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Nunca se había visto tan impotente el PRI. Tan impotente su presidente estatal, como ahora que han interpuesto un recurso para anular las elecciones a gobernador –que perdieron estrepitosamente- porque sobraron 171 mil boletas de votación. Seguramente son las que ordinariamente cruzan los asalariados o adespensados del tricolor en todos los comicios, pero ahora no pudieron hacerlo porque las bases del PRI se desgajaron por miles.    
Por: Victor Quintana S.  

El poder del PRI y del gobernador ya no pudo ahora. Cuando César Duarte asumió la gubernatura de Chihuahua, en octubre de 2010 acuñó la frase: «El poder es para poder«. Aunque se refería a imponer el poder de Estado para acabar con la peor crisis de violencia vivida por Chihuahua desde tiempos de la Revolución, el dicho terminó por convertirse en la divisa de su gobierno.

Duarte tuvo el poder para someter a los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo, mejor dicho, a su persona. Tuvo el poder para comprarse un banco, el Banco Progreso. Pudo gastarse un promedio de 900 millones de pesos anuales para cooptar a la mayoría de los medios de comunicación. El poder para apoyar como quiso la campaña de Peña Nieto a la presidencia. El poder para incrementar exponencialmente su poderío económico. Pudo también imponer su candidato a la gubernatura, dispersar a la oposición y colocar candidatos a modo en varios partidos. Pudo esquivar molestas rendiciones de cuentas y obligaciones de transparencia en su gestión. Ejerció el poder para someter a los organismos supuestamente autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Pero el domingo 5 de junio el poder ya no pudo. Duarte, Peña y  su partido, sufrieron la más estrepitosa derrota de muchos años. Perdieron la gubernatura a manos de Javier Corral, candidato del PAN y de la Alianza Ciudadana por Chihuahua. Fueron derrotados en los principales municipios y ciudades del estado: por los candidatos independientes a alcaldes en Juárez y en Parral: por candidatos blanquiazules en Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, Nuevo Casas Grandes y otros 27municipios más, y en otros cuatro por el Movimiento Ciudadano, de tal suerte que ahora el más importante municipio controlado por los tricolores será el remoto y serrano Guadalupe y Calvo, en pleno Triángulo Dorado, en territorio chapo.

 No sólo eso, el PRI sólo alcanzará 5 de 22 diputaciones de mayoría y corre el riesgo de no alcanzar ninguna de representación proporcional merced a un ilegal convenio de transfusión de votos con sus tres partidos parásitos: Nueva Alianza, PVEM y PT. Convenio que ahora los propios priístas buscan impugnar.

Los resultados cuantitativos hacen más evidente la derrota duartista-priísta, en la medida en que ésta no se debe tanto a un espectacular ascenso del PAN, que sólo incrementó su votación en alrededor de 20% en seis años, sino y sobre todo al dramático derrumbe de 200 mil votos de la votación tricolor: ahora obtuvo, una tercera parte menos de sufragios que cuando Duarte llegó a la gubernatura.

Y no es que el sistema peñista-manlista-duartista no haya empleado su repertorio de refinadas y burdas mañas. Lo volvió a hacer: incluso acuarteló en Chihuahua durante varias semanas a ejércitos completos de funcionarios de los gobiernos mexiquense y nayarita para operar su triunfo. Contó con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación y de casi todas las casas encuestadoras que siempre pusieron arriba a su candidato Enrique Serrano.

Pero el 5 de junio el poder no pudo. Lo que pudo fue el hartazgo del pueblo chihuahuense. Lo que pudo fue el valor de dejarle de tener miedo al miedo y decidirse a votar. El poder de la participación ciudadana electoral, que avanzó casi ocho puntos, de 41 a 49% en estos seis años. La dignidad de un pueblo que dijo basta a que los pisotearan u día y otro también.

Además del hartazgo hubo otros factores que incidieron en el triunfo de la oposición al duartismo. La candidatura de Javier Corral, hombre comprometido con Chihuahua como legislador. El que un nutrido grupo de activistas sociales de Ciudad Juárez, de la capital, de la zona rural, de las comunidades indígenas, de la academia, se hayan aglutinado en la Alianza Ciudadana por Chihuahua, coalición social que animó a mucha gente no simpatizante del blanquiazul a votar. La valiente e impecable labor informativa y crítica del Canal 28 de televisión, una emisora comunitaria  que se ha convertido en toda una autoridad mora en buena parte de la entidad. El hábil y creativo manejo de las redes sociales que pudo contrarrestar y derrotar a los paquidérmicos medios de comunicación tradicionales y al soso manejo priísta de las redes.

Gracias a todo esto se derrotó no sólo al PRI y a los partidos zombies sino también a la candidatura independiente de José Luis Barraza, quien terminó restándole más votos al tricolor. Los demás candidatos a gobernador ni siquiera llegaron al 3%, Sin embargo, Morena  sorprendió con más de un 7% de la votación en las elecciones locales, colocándose como la tercera fuerza política del estado. Hay que anotar también que de las 33 curules del Congreso del Estado, 19 serán ocupadas por mujeres, gracias al recurso interpuesto y ganado en el TEPJF por mujeres chihuahuenses en 2013, que obliga a la paridad total de género en las candidaturas.

No será nada fácil la tarea del gobierno encabezado por Javier Corral. Además del gran peso de las expectativas depositadas en él y de las promesas de llevar a Duarte ante la justicia y gobernar con honestidad, democracia y transparencia, recibe un estado en ruinas y una administración que desde ahora está saboteando la entrega -recepción destruyendo u ocultando información  y documentos. La Secretaría de Hacienda duartista chantajea diciendo que, de no autorizarse más endeudamientos, en las próximas semanas no habrá ni con qué pagar la nómina y las arcas estarán vacías a la llegada de Corral. La catástrofe del tricolor hace que el gobierno saliente deje de atender los más graves problemas que aquejan al estado esperando se pudran o exploten de aquí al 4 de octubre.

Porque, además de los intentos de saboteo al gobierno entrante, está la presencia del crimen organizado en el occidente del estado. Los candidatos de los cárteles, el PRImen organizado habían perdido las elecciones en Bachíniva, Namiquipa e Ignacio Zaragoza pero maniobraron para “ganarlas” e imponer sus candidatos y así resguardar el corredor de la droga que viene desde Guadalupe y Calvo y los confines con Sinaloa y se va, paralelo a la sierra, por los llanos del Noroeste hasta llegar a las brechas fronterizas clandestinas.

Si el PRImen organizado les enseñó que, pese a perder varios municipios en la votación, los ganan manejando urnas y paquetes, ¿por qué no intentar hacerlo a nivel estatal?

A este PRI, aun a contrapelo de los muchos priístas honestos, no le importa la democracia, no le importa la paz. Está dispuesto a encender en llamas a Chihuahua con tal de mantener su corrupción, su privilegio, sus negocios criminales. Esto de lo que está detrás de la impugnación de Dowell.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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