Opinión

El pequeño cuento del hombre que se creyó Dios

Un Gobernador, que de Gobernador sólo tiene el nombramiento pues ya no gobierna, yace débil en el borde de una cama gris. Su taquicardia, ansiedad e impotencia se manifiestan en forma de sudor frío a través de su voluptuoso cuerpo.

Por: Gerardo Elizondo García

Gerardo Elizondo García

Al igual que miles, observa con gran impresión, por medio de internet, uno de los síntomas del cáncer que él mismo gestó en el seno de la sociedad; las legítimas manifestaciones del pueblo afuera del Palacio de Gobierno de la ciudad. A su más cercano colaborador le da instrucciones, pero nadie las acata, pues nadie considera que son las correctas, ni siquiera su propio equipo.

Afuera del Palacio, los recuerdos de las acciones y actitudes de aquél pseudofuncionario público, hoy sumergido en el pánico, elevan la temperatura de la sangre, lo que al poco tiempo provoca ahora ilegítimas manifestaciones violentas en contra de las dos puertas de aquél emblemático recinto. Los manifestantes logran hacer dos agujeros en una de las puertas y desde adentro comienzan a lanzar gases lacrimógenos. Los atacantes arremeten contra las ventanas del Palacio hasta que llegan los granaderos de la policía para custodiar la entrada.

Aquél decaído hombre gris, que alguna vez se sintió Dios, que le ganó la avaricia, el orgullo, la vanidad (incluso a nivel físico/corporal, algo que se puede apreciar con su injerto de cabello que nunca pasa desapercibido), que le ganó su propio ego y que el poder se apoderó de él, aquél decaído hombre gris, siempre lo supo. Siempre supo que este momento llegaría, que era algo inminente. Lo supo desde que asumió el cargo de Gobernador, cargo que próximamente dejará, pero dejará tan Noble cargo manchado, desprestigiado y sin dignidad. Lo supo desde que daba cada instrucción de los cientos o miles de desvíos de recursos. Lo supo desde que leía cada palabra de la versión final, pulida por él, del fideicomiso que luego mintiendo afirmó haber firmado sin leer. Siempre lo supo, no de una manera consciente, ya que el poder lo cegó, pero sí inconscientemente.

Hoy ese cáncer que él mismo generó ha crecido tanto que lo está devorando a él mismo. Y a esto se le llama justicia. La justicia lo encontró, y por más que se esconda, por más que le mueva, por más que le busque, será la justicia quien disponga de él. Y no sólo la justicia institucional, sino la justicia en su conciencia, si es que tiene conciencia, la justicia que la vida misma le aplicará. La justicia divina.

Pobre de aquél hombre, ejemplo tangible de lo débiles que somos como seres humanos, tan carnales, tan materialistas, tan débiles en nuestras emociones. No somos nada y aquél Gobernador, que ya no gobierna y que realmente nunca lo hizo por que robar no es gobernar, hoy aún no se da cuenta de que no es más que uno más de nosotros, un simple ser humano, que se equivocó, y que sus errores arrastraron mucho y a muchos, incluso a aquellos que aún no han nacido. Pobre de aquél hombre, pues cayó por sus delirios desde el Monte Olimpo hasta el suelo, suelo en el que todo ser humano vive y que nuestros pies nunca deben dejar de pisar.

Pobre ser humano que cayó en todas las tentaciones.

Pobre hombre que generó un cáncer que terminará con él mismo mientras el pueblo que por mayoría relativa lo eligió, hoy pide que se haga justicia, y con justa razón…

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Twitter: @GerardoElizondo

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.