En abril del 2014, se le empezaría a dar la razón al activista Jaime García Chávez cuando directivos del Banco Progreso Chihuahua reconocieron la participación del gobernador César Horacio Duarte Jáquez, como inversionista. Luego vendrían las declaraciones de Duarte que rozaban en la confesión. Un negocio turbio que involucra a su familia y amigos, del que Duarte no ha sabido -podido- defenderse.
Segundo a Segundo / Caleb Ordóñez Talavera
«Aunque hasta el momento el banco aún no opera, debido a que en marzo del 2014, recibió la autorización para iniciar actividades; Ciertamente, Duarte Jáquez sólo es hasta el momento aportante y podrá ser accionista cuando lo certifiquen los procesos para lograrlo», explicaba en ese momento el gerente general de la institución financiera Sergio Becerra Rodríguez el primero en aceptar la participación económica del Gobernador.
Primera publicación donde se explicó el tema del Banco Progreso
El capital del banco en ese momento era de 694 millones 500 mil de pesos y ninguno de los socios era titular de más del 10 por ciento, ya que es una política del Consejo Directivo, explicó Becerra Rodríguez.
Reconoció que el gobernador aportó 65 millones de pesos al fideicomiso del capital bancario como aportante.
El Canal 28 en voz de su director, Sergio Valles fue vital para explicar a la ciudadanía los nexos del Gobernador y sus socios en el fideicomiso para la construcción del banco que según Transparencia del Estado recibió 340 depósitos con una suma de más de 83,000 millones de pesos. Así lo explicó el periodista:
Otro de los personajes, igual de importante en este embrollo, es el actual secretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral, que aceptó en septiembre del 2014 que la administración invirtió 802 millones de pesos en la unión crediticia, pero no aportó mayores detalles y desde ahí las cosas tomaron un cause mucho más claro.
En ese tiempo, Duarte Jáquez incluso amagó con demandar penalmente a quienes investigaban el caso del banco, entre ellos el portal Segundo a Segundo.
Sin embargo, quizá un golpe artero para explicar a nivel nacional lo sucedido fue en el programa «Punto de partida» conducido por la periodista Denise Maerker quien presentó un reportaje sobre el banco citado y donde fuera acuñada la famosa y para muchos, confesa frase «si firmé (el fideicomiso) pero no sabía lo que firmaba, ¡a lo macho!»
La PGR abre investigación a César Duarte sobre depósitos por más de 80,000 millones en «su banco»
El portal periodístico Animal Político detalló en Abril de éste año, que entre 2012 y 2014 la administración de Cesar Duarte hizo depósitos por casi 80 mil millones de pesos a una sociedad financiera privada de la que su actual Secretario de Hacienda resultó ser abogado y accionista. Inicialmente se denunció penalmente que se trataba de recursos públicos de Chihuahua, pero la Procuraduría General de la República (PGR) investigaba entonces el desvío de recursos federales en esas transacciones.
Esto luego de que en diciembre de 2015, abogados que colaboran en la investigación presentaron ante la Unidad de Análisis Financiero de la PGR solicitudes de nuevas diligencias, para que no solo se comprobaran los depósitos, sino el origen del dinero que se envió a dicha sociedad financiera a través de casi 350 transferencias.
En la misma nota periodística, se dio a conocer los documentos de los múltiples depósitos por parte del Gobierno de Chihuahua a Union de Crédito Progreso lo cuales presentamos a continuación:
En el 2012, Duarte intentó explicar el fideicomiso, que según la denuncia en PGR se implementó con recursos que no se justifican de acuerdo a los ingresos del mandatario estatal. El gobernador dijo que el dinero era resultado de su actividad empresarial de venta de autos y como ganadero, pero las cuentas por sus ingresos nunca cuadraron, tanto para los amigos cercanos en Parral y Ciudad Juárez, como en general para la ciudadanía que hasta el día de hoy no ha recibido una respuesta contundente sobre el enriquecimiento de Duarte para invertir 65 millones de pesos en un solo negocio.
Hasta ahora la investigación por estos hechos sigue en curso en la PGR y no hay conclusiones, pero la Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la cuenta pública 2014 identificó irregularidades que involucran a la Secretaría de Hacienda estatal en el manejo de 15 partidas de recursos públicos federales.
Ya se ha enviado una misiva a la procuradora Arely Gómez para que se concluyera con la integración de la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19 y se determine si se procede o no penalmente en contra de los funcionarios. Ese expediente ya consta de 95 tomos con más de 95 mil páginas, según el abogado Jaime García Chávez que cuenta a su vez, con un equipo de reconocidos abogados.
Bertha, esposa de Duarte, socia y cómplice. Herrera el secretario secuaz.
En septiembre de 2014 se denunció ante la PGR y ante la Fiscalía de Chihuahua no solo al gobernador Cesar Duarte, a su secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral, y a otros funcionarios que presuntamente utilizaron dinero público como es el caso del hoy diputado federal Carlos Hermosillo y todos los ingresos de origen dudoso para impulsar una sociedad financiera de la que eran accionistas.
El diputado Carlos Hermosillo, otro socio accionista del fideicomiso
Uno de los puntos clave fue el Fideicomiso número 74474 abierto en 2012 por el gobernador Cesar Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, por el famoso fondo de 65 millones de pesos.
El contrato de ese fideicomiso, establece en el apartado B de las declaraciones que el objetivo del mismo es que “en el futuro se adquieren las acciones de BANCO que integran el patrimonio del presente fideicomiso”.
En las definiciones se establece como BANCO a la institución de banca múltiple denominada Banco Progreso, que surgirá de una reestructura de sociedades financieras. En 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la creación de dicho banco de la fusión de la sociedad financiera Unión Progreso y otras.
El contrato:
El triunfo de Javier Corral y la desesperación
Luego del triunfo electoral del panista Javier Corral, fue entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva donde el Gobernador electo recordó que la denuncia por el banco Progreso también se interpuso ante autoridades estatales, pero fue desechada, ante lo cual Corral Jurado afirmó que se buscarán nuevos elementos para interponer una nueva querella, no solo para llevar a Duarte a prisión sino recuperar el dinero que pudo haberse robado mientras despacha desde el palacio de Gobierno, al cual Corral llamó «vulgar ladrón» y arremetió en que cumpliría la promesa más famosa en campaña de llevar al Gobernador ante la justicia.
Pero Duarte no se quedaría callado y justamente en un par de entrevistas, con el mismo Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker intentó «lavar» su prestigio, asegurándole al primero que el banco Progreso no existe, «De ninguna manera, ha habido un desvío de mi parte hacia una institución que no existe, y que en ese sentido no soy socio y no tengo ninguna rentabilidad ni rendimiento sobre esa institución». Pero la segunda entrevista, con Maerker Duarte lució en momentos sin un mensaje claro, mientras esquivaba las preguntas de la periodista y de Salvador Camarena.
Así, luego de la «confesión» de Duarte de desaprobar lo que hacia su propio secretario de Hacienda en ese tiempo (crear según él, a sus espaldas, un banco que evidentemente causaría polémica) hasta la fecha nadie ha esclarecido claramente, el tema del banco Progreso toma fuerza en contra del aún mandatario, la piedra en el zapato podría hundirlo en los tribunales.
El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!
Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.
Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.
En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.
De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.
Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.
Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.