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Política

Multan al PRI con 756 mil pesos

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El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) multó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con una suma de 756 mil pesos por violar la ley debido a que retuvo ilegalmente cuotas partidarias, vía nomina, a los trabajadores del municipio de Torreón.
Los recursos defraudados se entregaron al PRI Coahuila y a la Fundación Colosio.
En el Partido Acción Nacional (PAN), el senador Luis Fernando Salazar Fernández aseguró que este fue un triunfo de su partido por que hace casi dos años, el 23 de octubre del 2004, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral, a quien demandó decretara medidas cautelares para que el ayuntamiento priísta de Torreón dejara de descontar de su sueldo las cuotas a sus empleados.
Salazar Fernández, uno de los principales aspirantes a la gubernatura de Coahuila por el PAN, aseguró que la lucha legal que emprendieron valió la pena porque finalmente la máxima autoridad en Coahuila les concedió la razón porque comprobó que se estaba cometiendo una ilegalidad por parte de PRI, el edil de Torreón, Miguel Angel Riquelme e integrantes de su gabinete quienes les rebajaban hasta el 3.52% de su sueldo, dinero que era transferido a cuentas bancarias del Revolucionario Institucional.
Aseguró que el resolutivo del arbitro electoral sienta un precedente muy importante porque es la primera vez, en la historia política de Coahuila, que se aplica una multa al tricolor por contravenir lo dispuesto en la ley.
Sin embargo el parlamentario lagunero no está conforme porque consideró que el monto de la sanción no corresponde al daño causado y que “es muy poquito”. Anticipo que va a impugnar ante tribunales el fallo para que la cantidad aplicada aumente porque 756 mil pesos es apenas una tercera parte de los recursos que el presidente municipal, Miguel Angel Riquelme, desvió ilegalmente.
“Yo voy a seguir insistiendo, ante las instancias competentes, hasta que la sanción sea justa y corresponda al delito cometido por las autoridades del ayuntamiento de Torreón”, remarco.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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