Conecta con nosotros

México

Acusan desvíos por 60 mdp en San Luis Potosí

Published

on

Una farmacia ubicada en la calle San Luis de la colonia San Felipe, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez de San Luis Potosí, se ha convertido en símbolo de la opacidad de la administración perredista encabezada por el alcalde de la capital Ricardo Gallardo Juárez, a poco más de nueve meses de haber iniciado funciones, el pasado 1 de octubre.

La farmacia en cuestión, está en un pequeño local que es parte de una casa pintada de blanco y tiene un rotulo azul que dice Sandra Farmacia, informa que da servicio de lunes a viernes en horario corrido de ocho de la maña informa que da servicio de lunes a viernes en horario corrido de ocho de la mañana a ocho de la noche; no obstante, eso no sucede, pues casi nunca está abierta.

Las pocas veces que el negocio está abierto se aprecia una estantería con muy pocos productos, lo indispensable de una botica; sin embargo a este negocio se han pagado en los últimos años cerca de 60 millones de pesos del erario en las administraciones como presidentes municipales de los Ricardo Gallardo, hijo y padre, en el trienio pasado del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y el actual de la capital del estado, respectivamente, según denuncian con facturas y registros públicos en mano la asociación Ciudadanos Observando.

José Guadalupe González, vocero de la asociación Ciudadanos Observando, ha dedicado los últimos meses, con apoyo de un ejército de integrantes de la organización, en rescatar documentos, facturas, testimonios e indicios que una vez cotejados como válidos, han sumado cifras millonarias, el monto pudiera ser mayor, pero lo documentado asegura es alarmante.

Sandra Sánchez Ruiz, es un nombre sin rostro, la mujer que dicen las autoridades decidió fiar medicamentos para el personal de confianza cuando nadie lo hacía para una plantilla de trabajadores, altamente enfermiza y que por ese gesto de empatía se ganó el aprecio e innumerables cheques de la cuenta pública capitalina.

Sánchez Ruiz es una recién empresaria exitosa que, sin embargo, sólo trabaja para los Ricardo Gallardo, ya que según la asociación Ciudadanos Observando, no ofrece cotizaciones, no da citas, ni es localizable cuando se le busca para surtir productos farmacéuticos.

El llamado de los denunciantes es a las autoridades federales, particularmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ponga en marcha un equipo especializado de investigación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

Published

on

El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto