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México

Coparmex se queja ante la CNDH de la CNTE y el Gobierno

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue a las autoridades federales, estatales y municipales por actos de omisión, negligencia y por no garantizar el estado de derecho en las entidades afectadas por los bloqueos magisteriales de la CNTE.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex, consideró que en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, afectados por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se han registrado graves violaciones a los derechos humanos como el de la alimentación, el de libre tránsito y el de la protección a la salud.

“La petición se presentó por actos de omisión y negligencia de las autoridades en sus diferentes ámbitos, en la actuación de su competencia; la petición es contra el Estado mexicano”, enfatizó. El representante patronal de cerca de 36 mil empresas sostuvo que el Estado mexicano en su posición de garante de los derechos humanos no ha actuado con suficiente pericia frente a los actos de diversos grupos, especialmente el de la CNTE.

Ante el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, De Hoyos Walther comentó que se ha violado el derecho a la alimentación, ya que no están llegando los alimentos suficientes, especialmente en el caso de Oaxaca, afectado principalmente a la población indígena. El titular de la CNDH dijo que analizará con objetividad e imparcialidad el escrito “Se ha violentado el derecho de libre tránsito, hay bloqueos y cierres de avenidas, riesgo de desabasto de gasolina, se ha violentado el derecho a la salud, se ha puesto en riesgo la protección de la salud e incluso fallecieron personas que no recibieron atención oportuna por los bloqueos carreteros.

El derecho a la libertad de comercio está comprometido y se ha violentado la libertad del trabajo.” Ante esta situación, hizo hincapié en que es necesaria la intervención inmediata de la CNDH para que se realice un diagnóstico, determine medidas cautelares y salvaguarde la tutela de los derechos humanos. Solicitó que se realice una investigación para que se documente con detalle cuáles han sido las acciones, las omisiones y la negligencia de los diferentes órdenes de gobierno que se han derivado de la violación sistemática de los derechos humanos.

Adelantó que incluso analizan en los próximos días interponer un juicio de amparo ante los actos de omisión de las autoridades, que implica una violación a los derechos humanos. Se busca hacer responsables a aquellas autoridades del ámbito federal, estatal e incluso municipal, que no actuaron en ejercicio de sus facultades para salvaguardar el libre tránsito, la educación, la salud y la distribución de mercancías.

Derivado de esta situación de emergencia, solicitó que se generen programas de gobierno enfocados a atender las afectaciones de la gente que ha sido dañada en dichos estados. En atención a la solicitud, el presidente de la CNDH recibió al presidente de la Coparmex, acompañado por Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general, y Joaquín Narro Lobo, secretario técnico del Consejo Consultivo.

El titular de la CNDH dijo que analizará con objetividad e imparcialidad el escrito y, en su momento, determinará lo que en derecho proceda.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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