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Política

Aseguran 19 inmuebles a Padrés y a cómplices; hay ranchos y mansiones en Sonora

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La Fiscalía Anticorrupción de Sonora aseguró 19 lujosas propiedades al exgobernador panista Guillermo Padrés Elías y a sus dos principales operadores financieros, incluyendo el suntuoso rancho Pozo Nuevo, de Padrés, y varias mansiones ubicadas en las principales ciudades del Estado.

Fue el pasado jueves cuando peritos de la Fiscalía y agentes del Ministerio Público, con el apoyo de elementos de distintas corporaciones policiacas, ejecutaron la orden girada por un juez en atención a las averiguaciones previas FEIHC-I-055/2015, FAS-II-AP 0062/2015 y FAS-IIII-AP-0076/2015, en las cuales se investigan varios delitos, como enriquecimiento ilícito cometido durante el sexenio 2009-2015.

Documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad en poder de Excélsior, confirman que la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción ejecutó el aseguramiento precautorio de bienes inmuebles; se trata de 19 propiedades ubicadas en los municipios de Arizpe, Cananea, Cajeme y Hermosillo, de las cuales tres están a nombre de Guillermo Padrés; mientras que el resto pertenece al exsecretario de Hacienda Carlos Villalobos Organista, y a David Manuel Tinajero, exdirector de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (Impulsor).

Los embargos

Los embargos fechados el 14 de julio de 2016, incluyen dos enormes ranchos con la razón social Pozo Nuevo de Padrés, así como la residencia familiar del exgobernador, ubicada en la privada Valle Bonito; mientras que a David Tinajero le aseguraron dos mansiones en el fraccionamiento más exclusivo de Hermosillo, llamado La Joya; y al extesorero le decomisaron dos mansiones en Los Altos Residencial, un lujoso condominio en la Torre Solara y cuarto propiedades más en Ciudad Obregón.

Entre los tres sospechosos acusados por distintos actos de corrupción suman 19 lujosas propiedades aseguradas y valuadas en varios millones de pesos.

A la fama

El rancho Pozo Nuevo, propiedad de Padrés, saltó a la fama cuando las autoridades federales descubrieron que el exmandatario panista y su familia habían construido una enorme presa hídrica en la que, de manera ilegal, acaparaban el agua de un afluente del río Sonora, dejando sin agua a decenas de familias que habitan la ribera; tras el escándalo y para entorpecer las investigaciones, Padrés mandó derribar la enorme cortina de la presa.

Este rancho también cuenta con una orden de embargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos fiscales superiores a un millón 500 mil pesos.

Actualmente, el exgobernador de Sonora es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de enriquecimiento ilícito; además de que la Procuraduría General de la República (PGR) integra averiguaciones previas por ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia.

 

 

 

Excelsior

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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