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CNDH indaga a infiltrados; a un mes del caso Nochixtlán

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Disparos de civiles armados, ajenos a la autoridad y a la disidencia magisterial, son parte de las líneas de investigación que agota la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los enfrentamientos y el tiroteo en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, que dejaron un saldo de ocho muertos.

En una reunión que sostuvo con legisladores federales, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, detalló que trabajan en establecer “si hubo o no tiradores desde alguno de los hoteles; si los elementos de la Policía Federal se habrían hospedado en algún hotel, como se ha señalado, propiedad de algún familiar de funcionarios de Nochixtlán”.

También “si hubo infiltrados entre personas de la comunidad que habrían disparado primeramente contra los policías federales. Y si los policías federales no observaron los protocolos de actuación y dispararon sin intentar dialogar con las personas”.

Se indaga a posibles infiltrados y tiradores

Afirma el ombudsman nacional que ya solicitó las pruebas periciales en balística; Oaxaca se negó a cooperar.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó al Congreso de la Unión que trabaja un sinnúmero de líneas de investigación del enfrentamiento ocurrido en Nochixtlán, entre ellas la existencia de infiltrados y tiradores civiles, por lo que solicitó ya los periciales balísticos realizados.

Durante la reunión pública que sostuvo con senadores y diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, hace un mes, reveló que la Comisión Nacional de Seguridad le entregó ya la información requerida sobre la decisión de aplicar un operativo, el diseño que se hizo, los protocolos de actuación que siguieron y si los elementos policiacos se apegaron a los estándares internacionales en esas acciones.

De igual forma, el ombudsman nacional criticó los afanes de desacreditar a la CNDH, a pesar de que ha estado presente en Nochixtlán desde el día de los enfrentamientos y ha contado con el respaldo de los líderes de la comunidad para hacer su trabajo, pues expresó “ha habido voces, también debo decirlo, que han querido desacreditarnos, ¿cómo?, por ejemplo, que somos infiltrados de la PGR. Eso no ayuda a las instituciones y no ayuda a la investigación. No se trata de colgarnos ningún mérito, sino de cumplir el trabajo”.

Señaló que la única autoridad que se negó a entregarle información fue la Fiscalía General de Oaxaca.

González Pérez reveló que existe un “sinnúmero” de líneas de investigación, pero se centró en nueve, entre ellas “es si hubo o no tiradores desde alguno de los hoteles; si los elementos de la Policía Federal se habrían hospedado en algún hotel, como se ha señalado, propiedad de algún familiar de funcionarios de Nochixtlán; que si hubo infiltrados entre personas de la comunidad que habrían disparado primeramente contra los federales”.

 

 

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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