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Mc Donald’s se queda sin pan en Venezuela

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Los venezolanos dejarán de disfrutar la hamburguesa emblemática con doble carne, aunque de forma temporal.

El gigante estadounidense de la comida rápida McDonald’s suspendió la venta de la Big Mac en Venezuela por dificultades con un proveedor, anunció este jueves la compañía.

«En McDonald’s Venezuela trabajamos para solventar esta situación temporal. Junto a nuestro proveedor evaluamos las mejores opciones que nos permitan seguir ofreciendo productos de calidad», señaló la empresa en un comunicado este jueves.

La empresa no detalló las complicaciones, pero versiones de prensa indican que la Big Mac dejó de ser comercializada por falta de una tradicional rebanada de pan que separa dos porciones de carne.

McDonald’s añadió que, por lo pronto, seguirá ofreciendo los demás productos de su menú.

La franquicia ya se había visto obligada a suspender la venta de papas fritas entre enero y noviembre de 2015, ante la imposibilidad de importar el tubérculo precocido.

Esto, en medio de una sequía de dólares a raíz de la caída de los precios del petróleo, generador de 96% de las divisas del país, cuyo monopolio mantiene el Estado desde 2003 a través de un férreo control de cambio.

Video: La escasez de productos genera saqueos en Venezuela

Los venezolanos padecen además la escasez de 80% de los alimentos y medicinas, según estimaciones privadas.

La venta de las patatas en McDonald’s se reactivó con producción nacional, aunque con un aumento sustancial en el precio.

En esa oportunidad, la cadena de restaurantes lanzó una campaña publicitaria para invitar a sus clientes a volver a consumir papas, junto con las yucas y arepas con las cuales completó los platos provisionalmente.

McDonald’s está presente en la nación petrolera desde hace tres décadas.

Fuente: CNN Expansión

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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