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Oferta laboral: Se buscan alcaldes por Carlos Toulet

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Respeta la existencia o espera resistencia”

Carlos Toulet Medina

Carlos Toulet Medina

Apenas la semana pasada me ocupaba en señalar en este espacio que la corrupción ya era una parte taxativa de la gobernabilidad en México, y por ende, de nuestro comportamiento como sociedad. El día de hoy, dedicaremos estas líneas a saludar y confirmar al compañero histórico y cada vez más colorido de la corrupción en este hermoso territorio, hogar de la disparidad social e ideológica, llamado México: La violencia.

Por Carlos Toulet M.

Ambos fenómenos sociales, la corrupción y la violencia, agarraditos de la mano, han evolucionado a través del tiempo –y no solo en México– gracias a las incapacidades que poseemos como sociedad para comportarnos, participar y para exigir o hacer valer un estado de derecho eficiente, riguroso y en igual de circunstancia para todos.

Sin entrar mucho al detalle en la cronología de su evolución, en México nos encontramos con que en la anterior administración 2006-2012, a cargo de Felipe Calderon, se detonó un capitulo violentísimo gracias a la “fortaleza” con la que ex presidente quiso enfrentar al narcotráfico. A mi gusto y creo como al de todos, utilizar la fuerza pública para frenar al narcotráfico –drogas, extorsión, secuestros, trata, tráfico de armas, corridos, narcotelenovelas, etc. –, es una propiedad natural del mismo Estado. Su uso exclusivo para los fines que a la sociedad convengan está legítimo en la ley y sirve, con todas sus letras, para REPRIMIR a quienes no se portan bien y afectan a terceros.

El problema radica en que el Estado se ha mostrado incapaz en la activación y práctica de la represión, porque no es lo mismo tirar balas en Ciudad Juarez a narcotraficantes armados que se dedican al crimen organizado, que apaciguar a zapes a los maestros de la CNTE que tienen aislados a los pobladores de Oaxaca, que generan crisis en materia de salubridad y alimentación en poblaciones específicas y  que aparte arman la barahúnda vial en zonas metropolitanas del país. ¿Me explico?

Si quieren le ponemos colores.

Cuando de azul andábamos, el Estado se presumía fuerte, firme en la búsqueda de aplicar justicia a quienes actúan fuera de la ley, más imperaba el luto colateral de una sociedad gravemente herida sin deberla ni temerla, por una guerra que si bien nadie pidió, se dio sin mayores resultados a favor.

Pero hoy que de tricolor andamos, la cara del Estado luce más a tintes vulnerables por falta de credibilidad en las instituciones, falta de capacidades técnicas y de inteligencia para actuar eficientemente ante la violencia, pero sobre todo falta de carácter para actuar ante los estridentes manifestantes que incentivan la violencia, exponiéndoles cual débiles los vemos hoy. Gracias a esto, la inercia del crimen se agudiza continuamente.

Pareciera que mientras más se combate la violencia, más violencia se presenta. Existe mucho odio y resentimiento en el país a nombre de causas que se “asumen” buenas. Estamos todos beligerantes entre nosotros mismos, persiguiendo intereses particulares que nada suman en lo colectivo y solo hacen más compleja la impartición de justicia. Porque ciertamente, a todos se les quiere dar gusto.

La manifestación de las inconformidades “deja con que $” y las agrupaciones de choque están bien conscientes de eso. El uso de la violencia y la falta de respeto a las instituciones de seguridad pública –excluyendo al Ejercito y Marina, abrazo de gol para ellos– se ha hecho costumbre al grado de que se han abierto las puertas para que grupos cada vez más pequeños y segmentados ideológicamente, se manifiesten sus intereses por medio de cerrar carreteras, atacar edificios públicos, quemar archivos, robar inmuebles públicos o privados, ejercer el vandalismo y la violencia no importa contra quien, con tal de orillar al gobierno a brindarles atención y al final de cuentas ceder –completa o medianamente- contra sus demandas. Una vergüenza total.

El poder judicial en México se ha biodegrado. Caducó. No evolucionó al ritmo de una sociedad cada vez más soberbia e hiriente. Su notable desprestigio lo comprueba. No existe orden social ni estabilidad política. Ya ni hablar de estado de derecho.

Secuela.- En días pasados, 2 alcaldes murieron en el ejercicio –bueno o malo, no lo sé– de su labor. Según la Asociación Nacional de Alcaldes, 45 alcaldes han sido asesinados en los últimos 10 años   –7 electos y 32 “ex”–. 4 han muerto en lo que va del 2016, la mitad de ellos el pasado fin de semana.

Descansen en paz: Domingo López González, Alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, y sus 4 colaboradores que perdieron la vida, en un lugar donde es increíble que siga existiendo un modelo de gobierno, informalmente,  de “Usos y Costumbres”; Ambrosio Soto Duarte, Alcalde de Pungurabato, Guerrero, a quien le querían cobrar 3 millones de pesos al mes para trabajar, y al negarse, aún con 4 escoltas del gobierno federal, pues lo balearon junto a su chofer.

Vaya aturdimiento y preocupación propagada por este tipo acontecimientos brutales y crimines colectivos que ocurren en México y otras partes del mundo. ¿Qué hay que hacer?

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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