Política
Javier Duarte declara bienes por más de 5 mdp
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hizo pública su declaración patrimonial, tras la acusación en su contra de irregularidades en sus bienes y en su círculo cercano de colaboradores y familiares. En ella, reportó bienes por 5 millones 486,033 pesos, de los cuales 2 millones 724,947 en joyas, monedas y dos vehículos, fueron donados por los papás de su esposa, Karime Macías.

De acuerdo con la declaración que publicó en su cuenta de Twitter y en hojas blancas sin membrete, la señora Jazmín Tubilla, su suegra, le donó centenarios con valor de 2 millones 050,000 pesos; mientras que una camioneta Chevrolet, de 474,947 pesos, y un automóvil Honda, de 200,000 pesos, fueron donadas por el señor Antonio Macías, su suegro.
Respecto a sus demás bienes, registró dos casas –que pagó de contado– de un millón de pesos y de 700,000 pesos; también un camioneta Dodge con costo de 306,086 pesos que pagó a crédito en 2007. También dio a conocer en su declaración que tiene una pintura de 240,000 pesos y menaje de casa por 515,000, todo esto de contado.
Sobre sus cuentas bancarias reportó cuatro: dos de nómina y dos de cheques. En las primeras detalló saldos por un millón 315,635 y 622,354 pesos, mientras que en las otras dos registró 141,436 y 139,000 pesos, respectivamente.
En total, de lo que no fue donado, posee bienes por 2 millones 761,086 pesos, mientras que declaró ingresos por 2 millones, 272,054 pesos al año.
En conferencia de prensa, el mandatario veracruzano señaló que los bienes con los que cuenta son producto de su trabajo y que no tiene nada que ocultar.
“Hoy doy la cara ante todos ustedes y espero que aquellos actores políticos que acusan sin pruebas y siguen en campaña, también sean honestos consigo mismos. Que no se escondan detrás de notas periodísticas o frases alarmistas para desviar la atención de sus propios agravios”, expresó.
Este miércoles, el diario Reforma dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga al círculo cercano de colaboradores y familiares del gobernador por presuntas irregularidades con sus bienes.
Al respecto, la institución a cargo de Arely Gómez solicitó a la dirección general de Catastro y Valuación de Veracruz información relacionada con las propiedades que poseen el mandatario y sus allegados, de acuerdo con el medio, con “carácter de urgente y confidencial”.
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Entre las 69 personas que supuestamente investiga la PGR se encuentran la esposa del mandatario, Karime Macías Tubilla; su madre, Cecilia de Ochoa Guasti; su hermano, Daniel Duarte de Ochoa, y su suegra.
Al respecto, Duarte de Ochoa afirmó que no cuenta con propiedades en el extranjero ni prestanombres, tampoco con inmuebles fuera de la ley.
Aseguró que en los últimos meses ha sido objeto de una campaña de desprestigio en contra suya y de su familia, pero que tanto que él como su círculo cercano se han conducido con transparencia y legalidad.
También llamó a la Fiscalía a dar celeridad a la investigación que el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes tiene en su contra.
Política
Investigaciones por corrupción en Fiscalía son permanentes, afirma Gilberto Loya
Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, aseguró que las investigaciones por posibles actos de corrupción dentro de la dependencia son continuas y no dependen de la presentación de denuncias. Esta declaración se produjo tras los señalamientos de un exagente del Ministerio Público que acusó a fiscales de distrito y altos mandos de la institución de irregularidades.
El exfuncionario, cuyo testimonio circula en un documento con membrete de la FGE, alega haber trabajado en la Unidad de Operaciones Estratégicas de Chihuahua y menciona la existencia de una presunta red de corrupción y extorsión en el interior de la Fiscalía. En su declaración, se hace referencia al exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, así como a Guillermo Arturo Zuany Portillo y Gabriela Márquez Blanco, a quienes se les atribuyen instrucciones para investigar a personajes políticos.
Según el testimonio, el personal de la unidad habría llevado a cabo investigaciones sobre políticos, en su mayoría del partido Morena, y la información obtenida sería utilizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para realizar actos de extorsión. Además, el documento menciona a Carlos Manuel Salas, Adalberto Oros Salido y Juan Carlos Portillo Coronado, quienes estarían relacionados con supuestas irregularidades dentro de la institución.
Entre los señalamientos también se incluye una presunta manipulación de pruebas en el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, que derivó en investigaciones contra el exfiscal César Jáuregui Moreno. El declarante sostiene que existe una estructura de cobros indebidos en diversas áreas de la Fiscalía, donde se solicitaría dinero a cambio de liberar vehículos, no ejecutar órdenes de aprehensión, modificar clasificaciones de delitos o intervenir de manera irregular en procedimientos judiciales.
Asimismo, se mencionan prácticas de corrupción en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, especialmente en casos de violencia familiar. Sin embargo, es importante destacar que estos señalamientos provienen exclusivamente del contenido de la declaración y no constituyen hechos comprobados. La autenticidad del documento y la existencia de una investigación formal contra las personas mencionadas no han podido ser verificadas de manera independiente.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones y la posibilidad de sanciones para los funcionarios implicados, Loya Chávez reiteró que las revisiones por posibles actos de corrupción son parte del trabajo constante de la Fiscalía. “Investigaciones hay permanentes, no es un tema de esperar una denuncia”, afirmó. Sin embargo, no confirmó si existe una carpeta de investigación específica relacionada con la declaración ni si alguno de los funcionarios enfrenta procedimientos administrativos o penales. Tampoco se anunciaron sanciones o separaciones del cargo para el personal señalado.
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