Opinión

Problemón ¿Sólo financiero? por Luis Javier Valero

Al concederle al Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Asociación Civil, (DILE), el amparo provisional sobre la bursatilización (o “monetización”) de 6 mil millones de pesos, del remanente del Fideicomiso carretero, el Juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, desató, realmente, todos los demonios.

Por: Luis Javier Valero Flores

Deberá resolver mañana, de manera definitiva, el amparo otorgado y a continuación entrar al fondo del asunto, que no es cualquier cosa porque en ese litigio se podrían resolver varias de las controversias desatadas en Chihuahua por este tema, el de la bursatilización de distintos ingresos del gobierno estatal.

Además, precisará si este tipo de obligaciones financieras deberán considerarse como deuda, más allá de lo sostenido por los gobernantes y los críticos de estas operaciones financieras, por lo que determinará si el gobierno de Chihuahua no violó la prohibición a contratar “nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses (los previos al término de la gestión)”.

Sin embargo, y como el mismo presidente de DILA, Jesús Soledad, sostiene , el párrafo de la prohibición se refiere a las “obligaciones de corto plazo”.

De tal manera que, incluso esta ambigüedad del texto constitucional podría ser precisada en el litigio.

Por otra parte, una resolución judicial de este tipo precisaría los destinos válidos de los recursos obtenidos por esta vía y el de si la actual administración actuó correctamente al emplearlos en los rubros de seguridad pública, salud y educación, en los cuales, muy seguramente, sirvieron, también, para cubrir los emolumentos de los servidores públicos dedicados a esas tareas pues la ley prohibe usarlos para “gasto corriente”.

Por otra parte, el juez podrá sentar precedente acerca de lo denominado “interés jurídico” en esta clase de asuntos, debido a que anteriormente la posibilidad de interponer un amparo solamente lo podían hacer aquellos entes que se sintieran afectados directamente por determinada acción gubernamental.

Hoy, a la vista de los nuevos ordenamientos jurídicos, se abre la posibilidad de que organizaciones, cuyos fines sean los esgrimidos, y sean objeto de la petición del amparo, puedan acceder a la protección de la justicia federal.

Además, se pondrá a discusión y eventualmente a la definición jurídica, el tema de si las bursatilizaciones -o el de las monetizaciones- constituyen, o no, deuda de los entes públicos.

Por añadidura, la resolución sobre el amparo pondrá al nuevo grupo gobernante en la disyuntiva, primero, de aceptar como verdadera la situación financiera del gobierno estatal, informada a ellos por los actuales responsables financieros, lo que los llevaría a aceptar una terrible realidad, la de que esos recursos sí estaban presupuestados desde diciembre, que se había contemplado obtenerlos por la vía de la bursatilización de los remanentes carreteros y que de no aceptar la operación financiera se verán en serios problemas pues equivalen al gasto total mensual del gobierno del estado.

Más. Que no se había solicitado la aprobación del Congreso, en los meses previos, para no abonarle a la crítica del candidato Javier Corral a la administración de César Duarte por el tema de la deuda.

O, si por el contrario, las finanzas estatales estarían sobradas y los recursos de la bursatilización serían empleados para favorecer, como sostienen, a los proveedores y receptores favoritos del gobierno de César Duarte.

Triste su calavera, si no aceptan la bursatilización podrán enfrentar -y, con ellos, muchos chihuahuenses- serios problemas económicos al tomar posesión del gobierno.

Si la aceptan, desde su óptica y la de muchos chihuahuenses, convalidarán lo que criticaron a lo largo de la campaña electoral, la que, por otra parte, pareciera revivir con este motivo, con los argumentos usados en ella, como los expresados por el gobernador Duarte, quien adujo que el otorgamiento del amparo busca ponerle “freno” a Chihuahua, al tiempo que argumentó que de esos recursos dependen “temas de infraestructura, de seguridad, de salud, de educación” y defender lo que fue su postura a lo largo del sexenio, que se trata de una bursatilización, no de deuda.

Y todo lo anterior, en los momentos en que el PRI debe resolver si presentará un recurso de revisión al dictamen del Tribunal Estatal Electoral, que declaró infundados sus argumentos para solicitar la anulación de las elecciones.

Hoy se le vence el plazo.

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Opinión

Andy: un apellido no basta. Por Caleb Ordóñez T.

Andrés Manuel López Beltrán heredó uno de los apellidos más poderosos de México. También heredó algo mucho más difícil de cargar: la costumbre nacional de nunca verlo a él, sino siempre a través de su padre.

Ser hijo de un expresidente ya es complicado. Serlo de Andrés Manuel López Obrador es otra categoría: crecer bajo la sombra de un hombre al que millones consideran el político más transformador de su generación y otros millones culpan de buena parte de los problemas del país. AMLO no admite tibieza. Y ahora Andy descubre que la polarización también se hereda, con intereses acumulados.

Caleb Ordoñez Talavera

Durante años estuvo cerca del poder institucional sin asumir formalmente sus costos. Participó en la construcción del movimiento de su padre, tuvo influencia real dentro del obradorismo, pero respetó, al menos públicamente, el acuerdo familiar de no buscar cargos de elección mientras López Obrador gobernara. El sexenio terminó. El acuerdo, también.

El aparato

En 2024, Andy asumió la Secretaría de Organización de Morena, el puesto que en cualquier partido mexicano equivale a controlar buena parte del músculo: padrón, estructura territorial y movilización. Bajo su gestión, Morena presumió haber superado los 12 millones de militantes, una cifra extraordinaria que también despertó cuestionamientos sobre el proceso de afiliación. El partido la presenta como prueba de que el movimiento puede seguir creciendo aun sin su fundador al frente.

Después, de pronto, prácticamente desde la nada, dejó el cargo para buscar una diputación federal por Tabasco en 2027. Quizá sea un movimiento inteligente (o un salvavidas político) pues cambia el control del aparato por legitimidad de urna, algo que ningún acuerdo familiar ni ninguna cercanía con Palacio Nacional pueden regalarle. Es también, para sus adversarios, la prueba de que el heredero necesita ahora un mandato propio porque el apellido, por sí solo, empieza a no bastarle, sino a molestarle.

El símbolo que no calculó

El viaje a Japón fue el primer costo político serio de esa transición. Las imágenes y los señalamientos sobre hospedajes costosos chocaron frontalmente con la palabra que su padre convirtió en columna vertebral del obradorismo: austeridad. López Beltrán respondió que pagó el viaje con recursos propios y habló de un linchamiento. Puede tener razón en lo legal. El problema nunca fue si tenía derecho a gastar su dinero; fue no anticipar que, siendo quien es, ese gasto se leería como traición simbólica antes que como libertad personal.

Ningún asesor de López Obrador habría permitido esa fotografía. Y esa distancia entre el instinto político del padre y el del hijo dice más sobre Andy que cualquier discurso.

La carta que no le correspondía escribir

La revocación de su visa estadounidense abrió un capítulo distinto y aquí conviene la precisión: una decisión migratoria no es una sentencia. Hasta ahora no existe una acusación penal pública en Estados Unidos contra López Beltrán, y tratarlo como culpable a partir de una visa revocada sería tan irresponsable como el linchamiento que él mismo denuncia.

Lo que sí es criticable es la respuesta. Escribirle directamente a Donald Trump para reclamar una persecución política no es un exceso de carácter: es una confusión de investidura. México tiene Presidenta, canciller y embajada para gestionar la relación bilateral. Andy no conduce esa política exterior ni representa al Estado mexicano. Al actuar como si lo hiciera, no demuestra fuerza: demuestra que todavía no distingue entre tener influencia dentro de un movimiento y tener autoridad de Estado. Es exactamente el tipo de error que un político con oficio, empezando por su padre, difícilmente habría cometido en público.

El heredero imposible

Ahí está la verdadera paradoja de Andy: el apellido le abre prácticamente cualquier puerta política y, al mismo tiempo, le impide construir algo que sea solamente suyo. Quienes aman a López Obrador buscarán al padre dentro del hijo y se decepcionarán cuando no lo encuentren. Quienes lo detestan le cobrarán al hijo cuentas que nunca fueron suyas. Ambas cosas son injustas. Ninguna es evitable.

Andy puede heredar el obradorismo, pero no puede heredar a AMLO.

López Obrador dejó una consigna que sus seguidores repiten como mandamiento: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Si Andy quiere una herencia real (no una curul, no una secretaría, no una multitud prestada) probablemente esa frase sea lo único que valga la pena reclamar como suyo.

Porque Andrés Manuel López Obrador tardó casi cuatro décadas en convertirse en AMLO. Su hijo nació siendo “Andy”. Si quiere hacer historia propia, tendrá que conseguir algo mucho más difícil que heredar el poder: lograr que México deje de preguntarse de quién es hijo.