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Policiaca

Entregan cuerpo de modelo colombiana a las autoridades de su país

El cadáver de la modelo Stephanie Magón Ramírez fue entregado la víspera al consulado de Colombia en la Ciudad de México, que se encargará de su traslado a ese país y de entregarlo a su familia.

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia capitalina informaron que el jueves compareció ante la Fiscalía de Homicidios la cónsul, quien presentó un poder que le otorgó la madre de la víctima para reclamar el cuerpo.

Con la autorización del agente del Ministerio Público, representantes del consulado y funcionarios de la dependencia local acudieron al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) a realizar los trámites correspondientes a la entrega del cadáver.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Rodolfo Ríos Garza, apoyó los gastos funerarios para trasladar los restos de Magón Ramírez.

En tanto, la Fiscalía de Homicidios solicitó profundizar los exámenes toxicológicos para conocer si la víctima consumió alguna droga sintética, lo cual se sabrá a través de los dictámenes histopatológicos.

Los hechos ocurrieron el 30 de julio pasado en la calle Miami, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, y de acuerdo con la necropsia practicada, la víctima murió como consecuencia de una caída, pues no hay evidencia de huellas de lucha, defensa, forcejeo y/o sometimiento.

 

 

Publimetro

Chihuahua

Caso crematorio “Plenitud”: van por máxima pena para responsables de ocultar 383 cuerpos sin cremar en Cd. Juárez

El escándalo que conmocionó a Ciudad Juárez por el hallazgo de 383 cuerpos apilados en un crematorio clandestino comienza a tomar forma judicial. La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes que José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”, y Facundo M. R., su empleado, fueron detenidos y están sujetos a prisión preventiva por los delitos de inhumación y exhumación ilegales, así como por faltas graves al respeto debido a cadáveres humanos.

En una conferencia de prensa encabezada por el Fiscal General César Jáuregui Moreno, se dio a conocer que los cuerpos, embalsamados y sin haber sido cremados, fueron encontrados el pasado 26 de junio en condiciones indignas dentro del inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. El sitio operaba prestando servicios a cinco funerarias locales, que subcontrataban la cremación sin saber —o sin querer saber— el destino final de los cuerpos.

“Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables”, declaró Jáuregui, quien también prometió investigar posibles omisiones de las autoridades encargadas de regular este tipo de establecimientos.

La Fiscalía busca una sentencia de hasta 17 años de prisión y, según los avances, ya se ha logrado identificar de forma preliminar a 15 cadáveres, algunos por etiquetas hospitalarias, otros por tatuajes o prótesis dentales. De los 383 cuerpos, 218 son hombres, 149 mujeres, y 16 más aún no han sido clasificados. Cuatro serían menores de edad, incluidos dos neonatos.

Acompañado del Fiscal de Distrito Zona Norte Carlos Manuel Salas, del Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Javier Sánchez Herrera, y de Norma Ledezma, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Jáuregui sostuvo un encuentro con familiares que temen que sus seres queridos estén entre los cuerpos hallados. A ellos se les ofreció atención integral y acceso a información detallada del proceso de identificación, el cual se realizará con métodos forenses y antropológicos.

Las funerarias vinculadas a este caso son:

Luz Divina

Protecto-Deco

Del Carmen

Latinoamericana

Amor Eterno

Aunque se investigará si estas funerarias actuaron de buena fe o con negligencia, la prioridad —según dijo Jáuregui— será garantizar justicia y trato digno a los fallecidos, así como evitar la revictimización de las familias.

“Estamos ante un hecho inédito, atroz, que debe marcar un antes y un después en la regulación de los servicios funerarios en el estado”, puntualizó el Fiscal.

La audiencia de vinculación a proceso para los detenidos se celebrará el próximo 4 de julio, donde el Ministerio Público buscará consolidar las pruebas necesarias para llevarlos a juicio. Mientras tanto, las autoridades seguirán trabajando para identificar y entregar los cuerpos a sus familias.

Este caso podría desencadenar una reforma profunda en el sistema de vigilancia de servicios funerarios, ante la magnitud del engaño y el dolor causado a cientos de familias que creyeron haber despedido dignamente a sus seres queridos.

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