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Acepta Corte revisar regulación a Uber

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la regulación a los servicios de transporte contratados por medio de aplicaciones tecnológicas, como Uber y Cabify.
Un Ministro admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por nueve diputados de Oposición del Congreso de Yucatán, para impugnar un decreto del pasado 22 de junio que reformó la Ley de Transporte estatal en el tema de servicio de pasajeros por medio de plataformas tecnológicas.
El ministro Alberto Pérez Dayán emplazó el 5 de agosto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Yucatán para que rindan informes y envíen a la Corte todos los antecedentes del decreto, en plazo de 15 días hábiles.
Será la primera vez que el máximo tribunal estudie la regulación de este tipo, que en el caso de Yucatán, incluye la obligación de que el vehículo sea de valor superior a 200 mil pesos, máximo siete años de antigüedad, máximo siete pasajeros, mínimo cuatro puertas y aire acondicionado, además que sólo puede ser operado por su dueño y sólo se pueden aceptar pagos con tarjeta.
Además, se faculta al Ejecutivo del Estado para autorizar la operación de empresas de este tipo, y a la Dirección de Transporte para expedir el «certificado vehicular» que permite al dueño de un vehículo prestar el servicio por medio de estas plataformas, así como determinar el número de vehículos necesario para dicho servicio.
Poco antes de la aprobación del decreto, el director general de Uber en México, Francisco Sordo Mogollón, advirtió que la reforma podría llevar al retiro de la empresa de Yucatán.
En Torreón, hoy será votado en Cabildo el dictamen para regular este servicio; de ser aprobado, sería enviado al Congreso de Coahuila para su análisis, ya que implica, como en el caso de Yucatán, modificar la Ley de Transporte estatal. La decisión que tome la Corte, que no tiene plazo para resolver, afectaría también a Coahuila.

Siglo

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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